El Salvador

A partir de la Agenda 2030, El Salvador ha adoptado diversas medidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 – Igualdad de Género – y el ODS 16 – Construcción de sociedades más justas. El reporte presentado por el estado en 2017 para informar sobre la situación del país destacó las dificultades que enfrenta para disminuir la violencia contra las mujeres (en especial en lo relacionado con la trata de personas) e incrementar la participación de mujeres en ámbitos relacionados con la toma de decisiones. A pesar de que el ODS 16 requiere la medición del número de periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos y torturados, el reporte de El Salvador no indica las medidas tomadas para monitorear el cumplimiento de esta meta, por lo que no existen datos oficiales que puedan ser considerados en este estudio (Gobierno de la República de El Salvador, 2017).

En 2019 El Salvador tuvo la tercera revisión del Examen Periódico Universal (EPU), y aunque no presentó información detallada sobre la situación de los/las periodistas, el informe presentado por el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las elevadas tasas de violencia doméstica, la explotación sexual y los feminicidios. El Comité también manifestó que periodistas son víctimas de diferentes ataques e intimidación, pero los casos en los que obtienen medidas de protección son limitados (Comité Derechos Humanos, 2018).

A pesar de la falta de estadísticas oficiales, el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, indica que desde 1993 en El Salvador 6 periodistas han sido asesinados (una sola mujer), pero esta no es la estadística más alarmante. Para 2014,

“Siete de cada diez periodistas salvadoreños han sufrido la censura alguna vez en su carrera. La mitad de los profesionales de la información ha recibido agresiones de diferentes tipos y tres de cada 10 comunicadores y comunicadoras ha sufrido alguna restricción a la información.” (Cristancho & Carballo, Derechos humanos, periodistas y medios comunitarios en El Salvador: Bajo el clima del silencio y la discriminación, 2014, pág. 61).

El mismo estudio indicó que el 85% de los/las periodistas salvadoreñas creen que hay riesgos para el ejercicio de la profesión, incluyendo “la imposibilidad de acceder a fuentes, la inseguridad al visitar algunas colonias o municipios o los abusos de agentes de seguridad privada” (Cristancho & Carballo, Derechos humanos, periodistas y medios comunitarios en El Salvador: Bajo el clima del silencio y la discriminación, 2014, pág. 71). Es de destacar que, en el mismo estudio, las mujeres periodistas tienden a reportar el hostigamiento (físico y digital) como un riesgo.

Similarmente, el reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de 2020 indicó que han incrementado los casos de censura previa impuesta por representantes del gobierno mediante impedimentos para acceder a conferencias de prensa y fuentes oficiales de información. En lo relacionado con el entorno digital, la SIP señaló que el acoso, los ataques y la violencia de género han aumentado, particularmente contra periodistas que reportan información crítica a las políticas gubernamentales (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020).

Es de destacar que la pandemia incrementó algunas de las limitaciones experimentadas por los/las periodistas. El primer caso de Covid-19 en El Salvador fue reportado el 18 de marzo de 2020, y a partir de tal fecha, el gobierno tomó las medidas correspondientes para impedir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el Relator Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) de la OEA indicó que las restricciones al acceso a la información pública incrementaron debido al “cierre casi total de los canales institucionales de respuestas e información pública” (Vaca Villarreal, 2021, para. 581). También indicó que el control de la información pública aumentó, lo que afectó principalmente a medios independientes.

En cuanto al tipo de información que fue denegada, o cuyo acceso fue restringido, el reporte de la RELE indica que no se limitó a cuestiones relacionadas con la pandemia sino que también incluyó información relacionada con solicitudes de refugio, adopción de medidas económicas, detenciones y contrataciones públicas (Vaca Villarreal, 2021).

Investigadores señalan que en El Salvador existe una “cultura del secretismo en las entidades públicas” (Cristancho & Carballo, Derechos humanos, periodistas y medios comunitarios en El Salvador: Bajo el clima del silencio y la discriminación, 2014, pág. 67). No obstante, El Salvador aprobó la ley de acceso a la información pública en 2010 y desde 2012 está en plena vigencia. Esta ley creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, que, entre otras funciones, tiene la facultad de tramitar solicitudes de información presentadas por periodistas. 

En cuanto al acceso de información a través de plataformas digitales, la tasa de penetración de Internet es de 50.5%, que alcanza a aproximadamente 3,28 millones de salvadoreños, sin embargo, el número de usuarios de redes sociales es mayor (4.3 millones). La mayoría accede a través de dispositivos móviles, y en cuanto al tipo de información es relevante destacar que el top 10 de las búsquedas realizadas a través de Google incluyen Facebook, YouTube, WhatsApp, mientras que las estadísticas de Alexa incluyen algunos medios de comunicación (El Salvador, La Prensa Gráfica, El Blog y el Diario1) (Kemp, 2021).

En cuanto a los perpetradores de la violencia, según la RELE, la mayoría de las amenazas y los casos de censura provienen de representantes del gobierno (Vaca Villarreal, 2021, para. 579).

Es en este contexto de limitaciones y ataques es que se deben entender las respuestas obtenidas en la encuesta completada por los/las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 52 respuestas, de las cuales 4 correspondieron a hombres y una a una mujer que no estudió periodismo ni trabajaba como periodista. En consecuencia, sólo 47 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

Sobre las participantes

De las 47 participantes, 37 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las 10 que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas. De hecho, 26 personas indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, cuatro por una institución del estado, nueve trabajan como freelancers, mientras que ocho participantes indicaron estar desempleadas.

En relación con los temas reportados…

Las edades de las participantes se encuentran entre los 20 y 53 años.

Veintinueve participantes residen en la capital, mientras que 18 viven en otras provincias. 

Diecisiete periodistas indicaron no haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, sin embargo, nueve reportaron haber recibido cursos sobre seguridad digital. Esta información es importante porque todas las participantes indicaron que para su trabajo utilizan por lo menos una red social, siendo la más popular Facebook.

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

De las ocho participantes que indicaron estar desempleadas, la mayoría tiene menos de 30 años. Cuatro participantes tienen 20, 21, 22 y 29 años respectivamente, dos participantes 25 años. Las restantes dos participantes tienen 35 y 37 años respectivamente. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación particular que viven las jóvenes periodistas en El Salvador.

 

Es de destacar que de las 18 participantes que indicaron residir en otras provincias, 7 trabajan para un medio de comunicación, una para una institución del estado, 3 como freelancers y una indicó estar desempleada. 

El hecho de que el 61% de las participantes se encuentre en la capital constituye un indicativo de dónde se encuentran las oportunidades laborales, e inclusive, justifica porque la mayoría de los ataques contra periodistas ocurren en San Salvador.

Seguridad Digital y Física

En cuanto a la seguridad digital hay varios puntos a destacar. Primero, 27 participantes indicaron no utilizar ninguna herramienta de seguridad digital (57,4%). Sin embargo, las restantes 30 indicaron usar 1 o más de las siguientes herramientas

• Herramientas anonimizadoras: 1
• VPN: 7
• Mail cifrado: 4
• Manejadores de claves: 9
• Bloqueadores de publicidad: 9

Segundo, solo 9 participantes indicaron usar un pseudónimo en redes sociales. El uso de nombres reales tiene innumerables beneficios y riesgos para las periodistas. Sin embargo, las respuestas de estas participantes no reflejan una diferencia en los ataques ni en las amenazas recibidas por quienes usan pseudónimos y quienes no los usan. De hecho, solo dos participantes indicaron no haber sido víctimas de ninguna limitación; las siete restantes reportaron:

• Una participante amenazas sexuales
• Una ataques verbales de parte de autoridades públicas
• Una amenazas de muerte
• Una campañas de descrédito
• Una Vigilancia digital
• Una robo de contraseñas de plataformas digitales
• Dos participantes acoso digital
• Tres ataques verbales de parte de sus audiencias
• Tres cortes de internet

En contraste, de las 37 participantes que indicaron no utilizar pseudónimos, 12 no reportaron ninguna situación de riesgo digital, sin embargo, de las restantes 25 participantes, las experiencias reportadas incluyen: 

• Ataques digitales: una
• Asalto (robo de celular): una
• Robo de datos personales (phishing): una
• Robo de contraseñas digitales: una
• Vigilancia física: dos
• Acoso en el lugar de trabajo: dos
• Cortes de internet: dos
• Vigilancia Digital: Siete
• Campañas de descrédito: Seis
• Ataques verbales por parte de autoridades públicas: Ocho
• Acoso digital: Diez 
• Ataques verbales de parte de sus audiencias: Once

A pesar de que la investigación no estuvo diseñada para conocer las causas ni consecuencias del acoso en el lugar de trabajo, es notable que una de las participantes indicó que el acoso concluyó en su despido del lugar de trabajo. En su respuesta reveló que el despido fue por encontrarse afiliada a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Una de las razones de ser de las asociaciones profesionales es brindar protección a sus afiliados, por lo que esta situación denota la existencia de situaciones de riesgo derivadas del ejercicio del derecho a la asociación protegido por tratados internacionales.

Es relevante destacar que de las ocho participantes que reportaron vigilancia digital, una también reportó vigilancia física. De forma similar, una de las participantes que indicó ser víctima de acoso digital experimentó vigilancia física. A pesar de que esta no es una situación común, demuestra la fluidez de los ataques entre el mundo virtual y el mundo real. Los ataques no se limitan a un único espacio, y en algunos casos, existe una íntima relación entre las experiencias vividas online con las situaciones offline.

Con relación a los cortes de Internet, las cinco participantes que lo reportaron se encuentran en su mayoría fuera de la ciudad capital (3 participantes). Las restricciones para acceder a Internet tienen innumerables efectos individuales y sociales. Los cortes de Internet colocan en una situación de vulnerabilidad a quienes los experimentan, y en particular a quienes se encuentran en zonas rurales o alejadas de los centros de poder. A pesar de que los cortes de Internet no representan una amenaza directa contra las periodistas, sus efectos sí. Las restricciones para acceder a Internet inciden en la obtención y diseminación de información, dos actividades claves para el ejercicio del periodismo. De hecho, las participantes del estudio que experimentaron los cortes indicaron utilizar Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y páginas web para desempeñar su trabajo.

Otro punto para destacar se relaciona con las plataformas utilizadas para amenazar y atacar a las periodistas. No es sorpresa que la mayoría de los ataques se realicen a través de Facebook – la principal red social utilizada en el país. Existe una correlación entre las plataformas más utilizadas por las periodistas y los atacantes. De hecho, de las 34 participantes que indicaron usar Facebook para su trabajo, 20 recibieron ataques y amenazas por esa plataforma. 

Acceso a la Información Pública

De acuerdo con los reportes de la RELE, existen en el país numerosas dificultades para acceder a la información pública, y la información reportada por las participantes lo confirman. 

Siete participantes indicaron no haber experimentado limitaciones en el acceso a la información pública. Sin embargo, las restantes 40 reportaron diversas situaciones que impidieron el contacto con fuentes oficiales y a la información.

• Diez indicaron que fueron excluidas de conferencias de prensa
• Veinticuatro participantes reportaron denegación de acceso a representantes de gobierno 
• Veintisiete periodistas indicaron que sus solicitudes de acceso a la información pública fueron rechazadas 

Es de destacar que una de las participantes indicó que accedió a información de la Unidad de Salud, pero que no pudo publicarla. A pesar de que la participante no indicó las razones para esta limitación, esta situación es un indicativo de una forma de censura existente en El Salvador. La información pública debe estar disponible no sólo para ser consultada, sino también para ser publicada. Las periodistas la utilizan para reportar sobre las situaciones que afectan a su comunidad, y en el caso de información relacionada con la salud en tiempos de pandemia, su importancia es aún mayor. 

 

Situaciones relacionadas con el COVID-19

El ejercicio del periodismo se ha visto afectado por la pandemia. Las respuestas de los medios de comunicación y de las periodistas ha sido variada debido a que los riesgos específicos varían de acuerdo con el tipo de periodista y su condición laboral.

Las 26 periodistas que trabajan para un medio de comunicación social, indicaron que recibieron de parte de sus empleadores diferentes insumos para evitar el contagio, incluyendo:

• Equipo de protección de micrófonos: tres
• Equipo de protección personal: Cuatro
• Guantes: siete
• Productos de desinfección de superficies: Ocho
• Gafas de protección: Diez
• Alcohol (líquido y/o en gel): Veinte
• Mascarillas: Veintiuno

De las cuatro participantes que indicaron trabajar para una institución del estado, todas reportaron haber recibido alcohol (líquido y/o en gel), tres recibieron mascarillas, dos recibieron guantes y máscaras de protección, y una solo indicó haber recibido productos de desinfección de superficies. Ninguna recibió equipos de protección personal ni para la protección de micrófonos.

De las nueve que indicaron ser freelancers, seis indicaron haber recibido insumos. En particular respondieron que recibieron mascarillas (4), alcohol (4), equipo de protección personal (2), productos de desinfección de superficies (2), guantes (1), gafas de protección (1), equipo de protección de micrófonos (1).

Perpetradores y víctimas

Treinta y nueve participantes que indicaron haber sido víctimas de algún ataque u amenazas, sin embargo, no fueron las únicas afectadas. Dieciséis indicaron que también afectó a los medios para los que trabajan y dos a sus familiares (hijos, padres y/o pareja). Esta situación refleja la tendencia mundial sobre los efectos de las amenazas y ataques. Las mujeres son más propensas a recibir ataques que afectan otras áreas de su vida personal y profesional, y estas respuestas, confirman que la situación no es diferente en El Salvador.

Ataques de quienes no recibieron ninguna amenaza

Mecanismos de Protección

Las respuestas consideradas en esta sección equivalen a las 39 participantes que indicaron haber recibido algún tipo de ataque o amenaza.

• 12 bloquearon a la persona de la plataforma por la cual recibieron el ataque o la amenaza
• 19 no iniciaron ningún procedimiento
• 2 denunciaron ante la APES

Es relevante destacar que ninguna de las afectadas presentó una denuncia ante la policía ni ante los tribunales (penales, civiles o administrativos). Estos mecanismos son los que provee el estado para atender las situaciones especiales que puedan enfrentar, y el hecho de que no los utilicen debe llamar nuestra atención. Este estudio no se diseñó para conocer las razones de esta situación, sin embargo, es un indicativo de una de las áreas que debe ser fortalecida para mejorar la protección de las periodistas en El Salvador.

De igual forma, es importante destacar el uso de la APES para presentar denuncias. Las dos participantes que indicaron haber utilizado este mecanismo trabajan para un medio de comunicación, viven en San Salvador, fueron víctimas de ataques verbales de parte de sus audiencias y de autoridades públicas, así como también de campañas de descrédito. Estos ataques no sólo las tuvieron a ellas como objetivo sino también a los medios para los que trabajan, y se manifestaron a través de Facebook y Twitter. Sin embargo, el mecanismo de denuncias de la APES no es un mecanismo relacionado con el poder judicial salvadoreño, y la fecha de elaboración de este informe (septiembre 2021) en la página web de la asociación no se encontró información relacionada con este procedimiento.

Honduras

Honduras ha realizado diversos esfuerzos para integrar los ODS establecidos en la Agenda 2030 a los planes de desarrollo del país (Visión de País al año 2038, el Plan de Nación para el periodo 2010-2022 y el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022). A fin de cumplir con el ODS 5 – Igualdad de género, Honduras ha realizado modificaciones al marco jurídico electoral, lo que ha favorecido el incremento del número de mujeres electas para desempeñar cargos públicos; sin embargo, no destacan esfuerzos particulares para medir la situación de las mujeres en otros ámbitos. De hecho, en lo que respecta al ODS 16, Honduras no otorga estadísticas particulares sobre el número de periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos y torturados (República de Honduras, 2020).

En 2020, en la tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Honduras reportó avances en la investigación de casos sobre violación del derecho a la libertad de expresión. En especial indicó que después de la aprobación de la Ley de Protección en 2015 han realizado evaluaciones de casos y otorgado medidas a diferentes personas, sin embargo, entre los beneficiarios mencionados no se encuentran periodistas (Consejo de Derechos Humanos, 2020).

A pesar de los esfuerzos reportados por el gobierno, Honduras es considerado el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Según el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, desde 1993 en Honduras 44 periodistas han sido asesinados (una sola mujer). En 2020, la RELE reportó el asesinato de 4 periodistas, de los cuales dos fueron beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana (Vaca Villarreal, 2021).

Un estudio realizado en 2014 indicó que 90% de los/las periodistas creen que existen diversos riesgos para el ejercicio del periodismo que van más allá de los atentados contra sus vidas (Meza & Oliva, 2014). Las amenazas y ataques recibidos por los/las periodistas son constantes, sin embargo, en el marco de la pandemia la situación económica se convirtió en uno de los principales riesgos para el ejercicio de la profesión (Vaca Villarreal, 2021).

Es relevante mencionar que en 2015 Honduras aprobó la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Esta ley provee un marco general de protección y prevé la adopción de medidas especiales para periodistas amenazados o en riesgo. Honduras ha mantenido estadísticas sobre el uso de este mecanismo, pero a pesar de que el país indica que para 2019 se encontraban vigentes 204 medidas de protección, no los reportes no incluyen información desagregada por género ni profesión (República de Honduras, 2020).

En cuanto a los riesgos, la censura se posiciona como el principal desafío ya que proviene de dueños de medios, anunciantes y representantes del poder público en todos sus niveles. Inclusive, para algunos medios, especialmente los comunitarios, los cortes de electricidad y los altos costos del servicio constituyen riesgos para el ejercicio de la profesión (Meza & Oliva, 2014, pág. 105). Sobre este particular, el reporte de la SIP de 2020 indicó que 

Los periodistas tienen que obedecer la línea editorial del lugar donde laboran, de modo que existe una autocensura teniendo en cuenta que el 85% de los medios de comunicación de Honduras tienen una fuerte vinculación con el Gobierno de turno… Los dueños de medios de comunicación, por lo general, tienen otros intereses y negocios adicionales, lo que de una u otra manera los compromete a tratar bien al gobierno, y de ahí se desencadena una relación “armoniosa” entre los empresarios de las comunicaciones y la administración de gobierno (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020, pág. 4).

El primer caso de Covid-19 se confirmó el 11 de marzo de 2011, momento a partir del cual el gobierno implementó las medidas necesarias para controlar la enfermedad. Sin embargo, el Relator Especial de la Libertad de Expresión de la OEA manifestó su preocupación por las limitaciones al acceso a la información pública, la violencia física contra periodistas, campañas de desprestigio, restricciones a la libre circulación y detenciones arbitrarias  (Vaca Villarreal, 2021). Estas situaciones coexisten con un panorama de confinamiento, aumento de casos de violencia y trabajo domésticos no remunerado (República de Honduras, 2020).

En relación con el acceso a la información pública, la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue adoptada en 2006, y creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero, periodistas indican que no usan los procedimientos establecidos porque son lentos y engorrosos. De hecho, para algunos investigadores esta ley “no se cumple y queda a discreción de los funcionarios brindar la información que se solicite sin que se haga un examen minucioso de las actuaciones.” (Meza & Oliva, 2014, pág. 120).

El acceso a la información pública puede ser ejercido a través de plataformas digitales, por eso es de destacar que en Honduras a pesar de que 71.1% de la población tiene conexión móvil, aproximadamente un 38.2% de la población tiene acceso a internet (3.81 millones de personas). De este grupo, en el top 10 de búsquedas de Google destacan las redes sociales Facebook y WhatsApp. Es notable el hecho de que el número de cuentas de redes sociales activas es de 4.8 millones, y las más populares son Facebook e Instagram (Kemp, Digital 2021: Honduras, 2021).

Es en este contexto de limitaciones y ataques es que se deben entender las respuestas obtenidas en la encuesta completada por los/las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 106 respuestas, de las cuales 5 correspondieron a hombres, cinco a mujeres que no estudiaron periodismo ni trabajaban como periodistas, una a una menor de edad (17 años), y una respuesta fue de una persona que prefirió no indicar su género. En consecuencia, sólo 95 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

Sobre las Participantes

De las 95 participantes, 87 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las ocho que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas ya sea como freelancers (6) o contradas por un medio (2). 

De las participantes que estudiaron periodismo, 37 personas indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, diez por una institución del estado, 18 trabajan como freelancers, mientras que 22 participantes indicaron estar desempleadas.

En relación con los temas reportados…

Las edades de las participantes se encuentran entre los 19 y los 60 años. 

Sesenta y dos participantes residen en la capital, mientras que 33 residen en otras provincias, siendo la mayoría de San Pedro Sula (13), la segunda ciudad más importante del país.

Treinta periodistas indicaron no haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, sin embargo, de este grupo siete reportaron haber recibido cursos sobre seguridad digital. Esta información es importante porque, a excepción de una participante, las restantes 29 indicaron que para su trabajo utilizan por lo menos una red social, siendo la más popular Facebook (25 participantes).

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

De las 22 participantes que indicaron estar desempleadas, 13 indicaron tener menos de 30 años, 6 menos de 40, y 3 entre 46 y 51 años. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación que viven las jóvenes periodistas en Honduras.

Veinticuatro participantes indicaron que trabajan como freelancers, y es interesante destacar que de este grupo la mayoría estudió periodismo (18). De igual forma, 10 de estas participantes no residen en Tegucigalpa y tienen entre 41 y 47 años de edad (5). En contraste, de las participantes que viven en la capital, la mayoría tienen entre 33 y 37 años de edad (8 participantes). Quienes no estudiaron periodismo (6) residen en su mayoría en Tegucigalpa (4) y tienen entre 51 y 53 años de edad.

Cuarenta y seis de las participantes (48,4%) se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, lo que confirma el reporte de la RELE respecto a los riesgos económicos que enfrentaron los/las periodistas en el país durante el 2020. El desempleo no es exclusivo del gremio de periodistas, sin embargo, estudios demuestran que la dependencia económica fomenta la violencia de género y perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres.

 

Es de destacar que del total de las participantes que indicaron residir en otras provincias (33), 16 trabajan para un medio de comunicación, dos para una institución del estado y tres indicaron estar desempleadas. 

El hecho de que el 65,2% de las participantes se encuentre en la capital constituye un indicativo de dónde se encuentran las oportunidades laborales, e inclusive, justifica porque la mayoría de los ataques contra periodistas ocurren en Tegucigalpa.

 

Seguridad Digital y Física

La mayoría de las periodistas hondureñas que participaron en esta investigación fueron víctimas de algún ataque o amenaza por el ejercicio de la profesión (64,2%). La mayoría de los casos fueron reportados por periodistas que viven en Tegucigalpa (36), seguido por San Pedro Sula (12). 

Es destacable que 55 participantes (57.9%) indicaron no usar pseudónimos ni herramienta alguna de seguridad digital. De este grupo, sólo 22 participantes, es decir 23.1% del total de las participantes, revelaron no haber recibido ningún ataque digital o físico que les haya impedido ejercer la profesión. 

En Honduras, la mayoría de las participantes de este estudio indicó que no utiliza herramientas de seguridad digital (68,4%) ni un pseudónimo en redes sociales (87.3%). El uso de nombres reales tiene innumerables beneficios para la construcción de audiencias, pero también puede poner a las periodistas en una situación de vulnerabilidad mayor, especialmente cuando no se utilizan herramientas de protección digital.

La herramienta de seguridad digital más utilizada por las periodistas hondureñas son los manejadores de claves (16 participantes). No obstante, en este mismo grupo, cuatro participantes indicaron haber sido víctimas de robos de datos personales (phishing) y tres de usurpación de identidad en redes sociales.

• Herramientas anonimizadoras: 3
• VPN:5
• Mail cifrado: 10
• Manejadores de claves: 16
• Bloqueadores de publicidad:11

Entre las participantes que no usan pseudónimos, 30 reportaron no haber sido víctimas de ninguna situación que las pusiera en riesgo o que les impidiera ejercer su profesión. No obstante, las restantes 53 reportaron las siguientes situaciones:

• Acoso digital: 30
• Ataques verbales de parte de la audiencia: 18
• Ataques verbales de parte de autoridades públicas: 11
• Amenazas sexuales: 2
• Amenazas de muerte: 4
• Campañas de descrédito: 15
• Robo de datos personales (phishing): 7
• Robo de contraseñas: 6
• Usurpación de identidad en redes sociales: 9
• Vigilancia digital: 15

De las 11 participantes que sí lo utilizan, cuatro participantes indicaron no haber sido víctimas de ninguna situación que las pusiera en riesgo o que les impidiera ejercer su profesión, mientras que sólo dos indicaron ser víctimas de vigilancia digital. Es interesante que las dos participantes reportan sobre la situación de los derechos humanos, y una de ellas sobre género y violencia contra las mujeres. Adicionalmente, del grupo restante (7 participantes) indicaron ser víctimas de las siguientes situaciones:

• Ataques verbales de parte de la audiencia: 3
• Ataques verbales de parte de autoridades públicas: 4
• Amenazas de muerte: 1
• Campañas de descrédito: 1

Los resultados obtenidos demuestran que en Honduras existe una correlación entre el uso de pseudónimos y la seguridad digital. Esta situación es particular del país por lo que se deben investigar con detalle. Esta investigación no nos permite hacer generalizaciones ni explicar por qué el uso de pseudónimos constituye un mecanismo de protección para las mujeres periodistas, sin embargo, arroja luces del camino a seguir para mejorar la situación de estas profesionales.

Otro escenario que afectó a las participantes fueron los cortes de Internet. Veintidós participantes indicaron haber sido impactadas por esa situación, de las cuales 13 viven en Tegucigalpa, seis en San Pedro Sula, y las restantes 3 en otras regiones del país. Las participantes del estudio que experimentaron los cortes indicaron utilizar Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y páginas web para desempeñar su trabajo. Las interrupciones en el servicio de Internet impiden la obtención y diseminación de información, dos actividades claves para el ejercicio del periodismo. 

Con relación a la seguridad física, durante la pandemia, seis participantes indicaron haber sido víctimas de acoso en el lugar de trabajo, tres experimentaron ataques físicos y tres participantes vigilancia física. Es relevante que una participante indicó que se le impuso una multa por informar. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para conocer las particularidades del caso, se debe recordar que las multas deben ser impuestas de conformidad con la ley; no para censurar a la periodista o al medio de comunicación para el cual trabaja, sino para la imposición de responsabilidades ulteriores.

Por último, quienes experimentaron algún ataque o amenaza (61 participantes) indicaron que el principal mecanismo utilizado fue Facebook seguido de WhatsApp. Facebook es la principal red social utilizada en Honduras, y por las participantes, por lo que no es sorpresa que sea el principal medio recibir ataques. Sin embargo, llama la atención el uso de WhatsApp debido a que para que esta plataforma pueda ser utilizada se requiere el número de teléfono, lo que implica una cercanía entre la victima y el/la victimario/a. 

• Página web: 10
• Facebook: 32
• Instagram: 7
• Twitter: 10
• WhatsApp: 23
• LinkedIn: 1
• Mail: 1
• En persona: 1
• Llamadas: 2

 

Acceso a la Información Pública

La pregunta incluida en el cuestionario daba a las participantes tres opciones y la posibilidad de añadir información que no estuviera contemplada. De las 95 respuestas obtenidas, sólo 22 indicaron no haber experimentado ningún tipo de situación que afectara su acceso a la información pública. No obstante, las respuestas de las restantes 73 otorgan información importante respecto a las situaciones que afectan a las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión.

• Denegación de acceso a representantes de gobierno: 32 participantes
• Exclusión de Conferencias de Prensa:19 participantes
• Rechazo de solicitud de información pública: 48 participantes

El hecho de que la mayoría de las participantes haya experimentado la denegación de información revela la existencia de un impedimento para el ejercicio de la profesión que debe ser analizado con detalle. Estas limitaciones inciden negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión, y tienen un efecto en la población en general. La información pública, como su nombre lo indica, debe estar disponible para ser consultada, analizada y publicada a fin de mantener el debate necesario en sociedades democráticas, tal y como lo indican los acuerdos internacionales de protección de derechos humanos.

Sobre este particular, hubo cuatro respuestas que son importantes para este estudio. Una participante indicó no haber solicitado información. A pesar de que su respuesta no representa la mayoría ni puede ser generalizable, demuestra que hay periodistas que no utilizan los mecanismos diseñados para obtener información. Este estudio no estuvo diseñado para conocer las causas de esa situación, sin embargo, nos recuerda que la existencia de una ley no garantiza el uso ni la idoneidad del mecanismo. De hecho, las otras tres respuestas reflejan diferentes problemas con el uso de este procedimiento.

Primero, imposibilidades para ingresar en el sistema. Una participante indicó “No me permiten generar mi contraseña para poder solicitar información pública”. Segundo, obtención de información diferente a la solicitada. Una participante detalló que “Antes del cierre por la pandemia pedí información al IAP y enviaron algo que no pedí”. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP) es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, y como tal tiene la obligación de otorgar la información solicitada. A pesar de haber obtenido una respuesta, esta no fue satisfactoria y el resultado práctico es una denegación de acceso a la información solicitada. De forma similar, la tercera participante experimentó retardos en la entrega de la información, y cuando la obtuvo la misma estaba incompleta. 

En virtud de lo anterior, es de destacar que de acuerdo con el artículo 4 de la ley hondureña

“toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las Instituciones Obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta Ley.” (resaltado añadido).

El cuestionario no estuvo diseñado para conocer los detalles de esta experiencia, sin embargo, las respuestas obtenidas denotan irregularidades que pueden ser objeto de otros estudios, y en particular, se debe evaluar si el género de la persona incide en el tipo de respuesta obtenida.

Revisar la correlación entre el tipo de empleo y las denegaciones/rechazos de info púb

 

Situaciones relacionadas con el COVID-19

El ejercicio de la profesión ha variado de acuerdo con el incremento de casos de COVID-19. Los medios de comunicación y las periodistas han respondido de diversas maneras ya que los riesgos varían de acuerdo con el tipo de periodista y su condición laboral. 

Quienes se encuentran desempleadas deben correr con los gastos relacionados con la obtención de equipos de protección. Sin embargo, del grupo que está bajo una relación laboral (73 participantes), tres participantes indicaron no haber recibido ningún tipo de equipo de protección.

Treinta y nueve participantes indicaron trabajar para un medio de comunicación, e indicaron haber recibido al menos uno de los siguientes productos:

• Alcohol (líquido y/o en gel): 20
• Equipo de protección de micrófonos: tres
• Equipo de protección personal: ocho
• Gafas de protección: seis
• Guantes: nueve
• Mascarillas: 24
• Productos de desinfección de superficies: 15

La situación es similar para quienes indicaron trabajar para una institución del gobierno (10 participantes).

• Alcohol (líquido y/o en gel): 5
• Equipo de protección de micrófonos: una
• Equipo de protección personal: cuatro
• Gafas de protección: cuatro
• Guantes: cinco
• Mascarillas: 6
• Productos de desinfección de superficies: 5

Por último, del grupo que indicó ser freelancer, 14 no recibió ningún tipo de producto mientras que las restantes 10 reportaron haber recibido al menos uno de los siguientes productos:

• Alcohol (líquido y/o en gel): 8
• Equipo de protección de micrófonos: 4
• Equipo de protección personal: 7
• Gafas de protección: 5
• Guantes: 6
• Mascarillas: 10
• Productos de desinfección de superficies: 7

Es notable el hecho de que a pesar de que las mascarillas son el producto por excelencia para evitar el contagio no todas las periodistas lo recibieron. 

Perpetradores y víctimas

De las 61 participantes que indicaron haber sido víctimas de algún ataque u amenazas, 29 dijeron que también se dirigieron en contra de su lugar del trabajo. De forma similar, seis participantes señalaron que las amenazas incluyeron a sus familiares (hijos, padres y/o pareja). 

Las respuestas obtenidas reflejan la tendencia mundial sobre las amenazas y ataques recibidos por mujeres periodistas, quienes son más proclives a recibir ataques que afectan su vida personal y profesional.

Ataques de quienes no recibieron ninguna amenaza

Mecanismos de Protección

En esta sección se consideran las respuestas de las 61 participantes que indicaron haber sido víctima de algún ataque o amenaza. 

El primer punto para destacar es el hecho que 32 participantes no iniciaron ningún procedimiento (legal o no) para denunciar la situación. El cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones de las participantes para no iniciar los procedimientos correspondientes, no obstante, es interesante que todas indicaron que la amenaza o ataque se realizó a través de una plataforma de Internet pero ninguna bloqueó a el/la responsable. 

De hecho, únicamente 18 participantes indicaron haber bloqueado al usuario de la red social correspondiente. Este es uno de los mecanismos que ofrecen las redes sociales para limitar el uso de las plataformas para amenazar o atacar. Por lo general es un procedimiento sencillo de usar que ofrece respuestas inmediatas a las periodistas, pero es notable que no sea el más utilizado por las periodistas hondureñas.

Cuatro participantes presentaron una denuncia ante la policía. Tres de estas participantes recibieron las amenazas o ataques por Facebook, mientras que una los recibió en persona. A pesar de que los ataques recibidos son variados y nos impiden conocer más sobre los pasos a seguir luego de iniciada la investigación, es notorio el hecho de que estas mujeres crearon un precedente policial sobre la situación que vivieron lo que le permite al estado iniciar la investigación correspondiente y evitar que se produzca una afectación mayor a sus derechos.

En cuanto al uso del sistema judicial, dos participantes indicaron haber presentado denuncias ante los tribunales penales, una participante inició un procedimiento civil y otra un procedimiento administrativo. Sin embargo, las respuestas obtenidas no nos permiten conocer cuál procedimiento fue iniciado, por cuál motivo, ni contra quién.

Las participantes tuvieron la oportunidad de informar sobre el uso de otros mecanismos, y dos de ellas lo hicieron. En el primer caso, la participante inició un procedimiento ante una ONG; mientras que en el segundo caso fue ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Esta figura fue creada en 1995 mediante el decreto No. 2-95 y faculta a el/la titular de la institución a recibir denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, conducir el procedimiento necesario para investigarlas, y realizar informes para corregir las situaciones que dieron origen a la queja.

Nicaragua

En el tercer ciclo del EPU, Nicaragua indicó que respeta el derecho a la libertad de expresión “dado que no existe censura previa, ni restricción alguna a ese derecho. Los periodistas pueden supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública.” (Comité de Derechos Humanos, 2019, para. 131). No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que hay una práctica continuada de imposición de restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y acoso contra periodistas y medios de comunicación (Comité de Derechos Humanos, 2019 – Recopilación sobre Nica).

Según el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, desde 1993 en Nicaragua tres periodistas han sido asesinados (ninguna mujer). Sin embargo, otras formas de violencia afectan a un mayor número de periodistas e incluyen intimidación, agresión física y verbal, expulsión del país, entre otros (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014). 

Este clima hostil contra periodistas ha sido denunciado constantemente por la RELE en sus reportes recientes, pero en 2020 las agresiones contra periodistas y medios de comunicación incrementaron, al igual que las acciones intimidatorias, la vigilancia, la apertura de casos judiciales contra periodistas y los discursos estigmatizantes. De hecho, el reporte anual de la RELE indicó que “diversas mujeres periodistas han recibido amenazas a través de redes sociales por parte de personas afines al gobierno nicaragüense” (Vaca Villarreal, 2021, para. 1020). 

Sobre este particular, una investigación realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en 2019, que incluyó a 323 mujeres, encontró que 

el 33.8% sufrió violencia digital de dos a tres veces; el 33.3% más de cinco veces; el 19.9% de cuatro a cinco veces; y solo el 13% una sola vez. Estas agresiones fueron recibidas mayormente por WhatsApp (46.6%), Messenger (42.4%) y llamadas telefónicas (24.2%). Las redes sociales preferentemente usadas para los ataques son Facebook (86%), Twitter (33.1%) e Instagram (9.3%). (Cuellar & Chaher, 2020, pág. 26)

 

Este marco generalizado de violencia contra periodistas se intensificó durante la pandemia. El primer caso de Covid-19 fue reportado el 18 de marzo de 2020, sin embargo, la desinformación ha prevalecido. En particular, la RELE indicó que 

La CIDH y sus Relatorías Especiales han registrado que la información brindada por el gobierno de Nicaragua a lo largo de la pandemia ha sido confusa, inespecífica y poco confiable. Ello, dado que no se utiliza terminología médica, no se establece con claridad las cifras de personas contagiadas, recuperadas y fallecidas, y en algunos casos no se menciona la procedencia de las personas contagiadas (Vaca Villarreal, 2021, para. 1053).

Esta situación ha fomentado la circulación de noticias falsas e inclusive ha impedido la actuación eficaz de organizaciones internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Es de destacar que tanto periodistas como profesionales de la salud se han visto afectados por la situación, no solo por la falta de información sino también por la persecución derivada de la publicación de reportes no oficiales (Vaca Villarreal, 2021).

Es importante destacar que en 2007 fue aprobada la ley de Acceso a la Información Pública, aunque desde el año 2014, se han reportado diversos problemas para su cumplimiento, incluyendo: negativas para entregar la información, utilización de la clasificación como reservada o confidencial (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014, pág. 135).

El acceso a la información también puede ser garantizado a través de Internet, pero la situación del país es compleja. Existen aproximadamente 2.78 millones de usuarios de internet pero 3.5 millones de usuarios de redes sociales. Es de destacar que 98.9% de los/las usuarios/as accede a través de dispositivos móviles, y el top 10 de las búsquedas de Google revela que el uso principal es para chequear redes sociales (Facebook, WhatsApp y Youtube, por orden de importancia) no medios de comunicación social (Kemp, Digital 2021: Nicaragua, 2021).

Además de esos problemas, se debe considerar la concentración de medios como un impedimento para el ejercicio del periodismo en el país. Este fenómeno es común en la región, pero en Nicaragua se intensificó en el periodo de 2007-2014, y tiene un impacto directo en la pluralidad de contenidos y voces, así como también en los niveles de censura y autocensura (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014). Inclusive, el Reporte Anual de la SIP reveló que se utilizan cadenas de medios de comunicación para “intimidar y amenazar a los opositores y a los medios de comunicación y periodistas independientes” (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020, pág. 2). 

Finalmente, una particularidad del caso nicaragüense es el exilio de periodistas que han estado involucrados en la investigación de casos de corrupción, crimen organizado, o a representantes del gobierno (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014, pág. 154). De hecho, en la investigación realizada para la elaboración de este reporte, dos participantes indicaron estar exiliados en Costa Rica (un hombre y una mujer). El cuestionario no estuvo diseñado para conocer las particularidades de estos casos, sin embargo, sus respuestas representan una confirmación de la continuidad de situaciones que obligan a los/las periodistas a abandonar su país.

Es en este contexto de limitaciones y ataques es que se deben entender las respuestas obtenidas en la encuesta completada por los/las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 49 respuestas, de las cuales 12 correspondieron a hombres, y una de una periodista exiliada, en consecuencia, sólo 36 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

 

Sobre las Participantes

De las 36 participantes, 31 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las seis que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas, tres indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, mientras que las restantes tres trabajan como freelancers.

En relación con los temas reportados…

Las edades de las participantes se encuentran entre los 21 y 63 años.

Treinta y un participantes residen en la capital, mientras que 5 viven en otras provincias. 

Veintiocho periodistas indicaron haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, y de este grupo, 14 también recibieron cursos sobre seguridad Digital. Sin embargo, la mayoría de las participantes de esta investigación no ha recibido cursos sobre seguridad digital (44,4%). Esta información es importante porque todas las participantes indicaron que para su trabajo utilizan por lo menos una red social, siendo la más popular Facebook.

 

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

Una particularidad del caso nicaragüense es que ninguna de las participantes trabaja para alguna institución del estado, pero la mayoría se encuentra trabajando (83,8%). Diecinueve trabajan para un medio de comunicación mientras que 11 trabajan como freelancers. Es notable que del grupo de quienes se desempeñan como freelancers, todas las participantes viven en la capital. 

De las seis participantes que indicaron estar desempleadas, cinco residen en la capital, cuatro tienen menos de 30 años y tres reportan temas culturales. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación que viven las jóvenes periodistas en Nicaragua, e inclusive de los temas en los cuales las oportunidades de trabajo son menores.

De las cinco participantes que indicaron vivir fuera de la capital, 4 trabajan para un medio de comunicación y una desempleada. Esta situación es particular de Nicaragua. Las razones que explican esta situación están fuera del objeto de esta investigación, pero podemos inferir que quienes viven en la capital tienen mejor acceso a Internet, y por eso la mayoría de las participantes residen en Managua.

 

Seguridad Física y Digital

La mayoría de las periodistas nicaragüenses que participaron en esta investigación fueron víctimas de algún ataque o amenaza por el ejercicio de la profesión (86,1%) en el periodo comprendido entre Enero de 2020 y Julio de 2021. 

Es destacable que 10 participantes (27,7%) indicaron no usar pseudónimos ni herramienta alguna de seguridad digital. De este grupo, únicamente tres participantes revelaron no haber recibido ningún ataque digital o físico que les haya impedido ejercer la profesión. De las restantes tres participantes que señalaron no haber recibido ningún ataque o amenaza, dos utilizan VPN y una utiliza pseudónimo en sus redes sociales.

Las periodistas nicaragüenses que participaron en este estudio utilizan por lo menos una herramienta de seguridad digital (52,8%). La herramienta más utilizada son los VPN (13 participantes); no obstante, su uso no es garantía de protección. En este mismo grupo, dos participantes indicaron haber sido víctimas de robos de datos personales (phishing) y tres de vigilancia digital.

• Herramientas anonimizadoras: 2
• VPN: 13
• Mail cifrado: 6
• Manejadores de claves: 4
• Bloqueadores de publicidad:7

El uso de pseudónimos en redes sociales no es una práctica común en Nicaragua. Veintinueve participantes indicaron no utilizarlo (80,6%). El uso de nombres reales tiene innumerables beneficios para la construcción de audiencias, pero también puede poner a las periodistas en una situación de vulnerabilidad mayor. De hecho, de este grupo, 24 participantes recibieron algún tipo de ataque o amenaza, siendo el más común los ataques verbales por parte de autoridades públicas.

• Acoso digital: 8
• Ataques verbales de parte de la audiencia: 6
• Ataques verbales de parte de autoridades públicas: 7
• Amenazas sexuales: 3
• Amenazas de muerte: 2
• Apertura de procedimientos legales por informar: 2
• Campañas de descrédito: 9
• Robo de datos personales (phishing): 4
• Robo de contraseñas: 2

Es importante mencionar que una periodista indicó que recibió intentos de hackeo. Estos ataques por lo general tienen por objetivo robar datos, contraseñas, e inclusive, tomar control de las redes sociales de la persona afectada. De igual forma, se debe hacer especial mención a los dos casos reportados del uso de procedimientos legales. Las dos participantes indicaron trabajar para medios de comunicación y residen fuera de Managua. A pesar de que la investigación no estuvo diseñada para conocer las particularidades del caso, es notorio el uso de mecanismos judiciales para impedir o limitar la libertad de prensa porque esa situación fue denunciada por la RELE en 2020.

En general, es preocupante que las principales situaciones que afectaron a las participantes fueron las campañas de descrédito (10) y los ataques verbales de parte de la audiencia (9) y de las autoridades públicas (7). Este tipo de ataques por lo general tienen como objetivo afectar la credibilidad de la persona y desvirtuar la atención de lo que reportan hacia ellas. Quienes son víctimas de estos ataques tienen una afectación personal y profesional que incide en diversas áreas de su vida. A pesar de que la investigación no tuvo como objetivo conocer las particularidades de los ataques recibidos, estos resultados reflejan la existencia de una práctica que afecta la libertad de prensa y la libertad de expresión en general.

• Acoso digital: 9
• Ataques verbales de parte de la audiencia: 9
• Ataques verbales de parte de autoridades públicas: 7
• Amenazas sexuales: 3
• Amenazas de muerte: 2
• Campañas de descrédito: 10
• Robo de datos personales (phishing): 5
• Robo de contraseñas: 2

Otro escenario que afectó a las participantes fueron los cortes de Internet. Siete participantes indicaron haber sido impactadas por esa situación. Todas las afectadas utilizan Facebook para desempeñar su trabajo, por lo que es posible afirmar que los cortes limitaron sus posibilidades de obtener y diseminar información por el tiempo de duración. Estas dos actividades son fundamentales para el ejercicio del periodismo y los efectos tienen consecuencias individuales y sociales.

Con relación a la seguridad física, durante la pandemia, nueve periodistas reportaron haber experimentado vigilancia física. El derecho a la privacidad en el caso de las periodistas no sólo garantiza el ejercicio individual de este derecho, sino que también protege a sus fuentes. La vigilancia tiene repercusiones profesionales y personales, por eso sólo es permitida cuando es ordenada por un juez y como parte de un procedimiento judicial. 

• Acoso en el lugar de trabajo: 4
• Ataques físicos: 1
• Vigilancia física: 9

Quienes experimentaron algún ataque o amenaza (30 participantes) indicaron que el principal mecanismo utilizado por los/las victimarios/as fue Facebook. Facebook es la principal red social utilizada en Nicaragua, y por las participantes, por lo que no es sorpresa que sea el principal medio recibir ataques. 

• Página web: 3
• Facebook: 24
• Instagram: 2
• Twitter: 5
• WhatsApp: 5
• En persona: 1
• Llamadas: 2

Sin embargo, llama la atención la respuesta de tres participantes. Una de ellas indicó haber sido víctima de acoso en el lugar de trabajo, sin embargo, los medios por el cuales recibió amenazas fueron “sitios web de medios afines al gobierno”. A pesar de que no tenemos detalles de esta situación, es relevante destacar el rol de los colegas. El lugar de trabajo de esa periodista es un medio de comunicación, y la información que la afectó fue colocada en la página web de otro medio de comunicación. A pesar de que no hay claridad sobre la existencia de un código de ética que deba ser observado por los/las periodistas nicaragüenses, es relevante indicar que la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua creó el Comité de Ética y Honor, que podría ser el órgano adecuado para investigar esta situación debido a que según el artículo 22 es

el órgano encargado de dictaminar, ajustado a las normas de derecho común y del Código de Ética y Honor Profesional de los Periodistas, sobre aquellas faltas a la ética o inadecuadas prácticas en el ejercicio de la profesión, estableciendo las sanciones que procedan según la gravedad del caso.

La segunda respuesta a destacar fue dada por una periodista independiente quien indicó haber recibido ataques verbales en la calle. Lo que es indicativo de una situación especial de vulnerabilidad en la que pueden estar las periodistas cuando tienen que cubrir eventos. De igual forma, esta periodista indicó  

El medio de comunicación independiente donde realizo mis pasantías fue allanado este año por la Policía Nacional. Se robaron los equipos y documentos confidenciales, incluyendo mi carnet de periodista.

Esta situación denota la existencia del clima hostil denunciado por la RELE. Este estudio no está diseñado para conocer las particularidades del caso, sin embargo, esta respuesta llama la atención a situaciones que no están dirigidas específicamente contra mujeres periodistas pero que inciden directamente en el trabajo que realizan. De igual forma, es importante destacar que las autoridades deben actuar conforme a la ley y la confiscación de equipos debe ser ordenada por un juez y en el marco de un procedimiento judicial.

Por último, una participante mencionó el uso de YouTube para atacarla. Esta plataforma ha crecido en importancia para la comunicación social, pero la interactividad que ofrece permite que sea usado como un medio para atacar y amenazar a quienes lo usan. De hecho, esta periodista indicó que recibió ataques de parte de su audiencia y que fue víctima de campañas de descrédito. 

Acceso a la Información Pública

La pregunta incluida en el cuestionario daba a las participantes tres opciones y la posibilidad de añadir información que no estuviera contemplada. De las 36 respuestas obtenidas, sólo 3 periodistas indicaron no haber experimentado ningún tipo de situación que afectara su acceso a la información pública. Una de ellas trabaja para un medio de comunicación, otra como freelancer, mientras que la tercera indicó estar desempleada.

No obstante, las respuestas de las restantes 33 otorgan información importante respecto a las situaciones que afectan a las mujeres periodistas en el acceso a la información pública

• Denegación de acceso a representantes de gobierno: 19 participantes
• Exclusión de Conferencias de Prensa:15 participantes
• Rechazo de solicitud de información pública: 28 participantes

El hecho de que la mayoría de las participantes haya experimentado un rechazo de solicitud de acceso a la información pública confirma lo denunciado por la RELE en su reporte de 2020. Es importante destacar que quienes indicaron haber sido víctimas de esta situación, 15 también experimentaron denegaciones de acceso a representantes de gobierno (53,6%).

Estas respuestas indican la existencia de impedimentos para el ejercicio del periodismo que impactan la libertad de prensa y la libertad de expresión. Los mecanismos de acceso a la información pública tienen como objeto principal brindar aquellos datos que la población necesita, de allí que deba estar disponible para ser consultada, analizada y publicada. Estas condiciones se encuentran establecidas en los acuerdos internacionales de protección de derechos humanos ratificados por el país.

Sobre este particular, hubo una respuesta que es importante destacar. La participante escribió que 

“Todo acceso a información pública en Nicaragua está vetado a los medios y comunicadoras independientes, intentar acceder a conferencias de prensa o cubrir noticias en terreno implica una exposición a la integridad física, la libertad y de tus equipos de poyo (celulares, vehículos, cámaras).”

Esta participante indicó que trabajaba como freelancer, y tal y como ella lo indica, los problemas de acceso a la información impiden la realización de su trabajo. De hecho, cuatro participantes más indicaron a haber experimentado denegaciones de acceso a representantes del gobierno y ocho rechazos de solicitudes de información pública. 

Esta situación también afecta a quienes se encuentran desempleadas. Tres participantes indicaron que sus solicitudes de información pública fueron rechazadas, una denegación de acceso a representantes del gobierno y otra exclusión de conferencias de prensa.

 

Situaciones relacionadas con el COVID-19

La información relacionada con la pandemia en Nicaragua ha sido limitada y los impedimentos para acceder a las fuentes oficiales aumentaron desde que inició en marzo de 2020. A fin de afrontar las particularidades del caso, tanto los medios de comunicación como las periodistas han respondido de diversas maneras. 

Quienes se encuentran desempleadas deben correr con los gastos relacionados con la obtención de equipos de protección. Sin embargo, del grupo que está bajo una relación laboral (30 participantes), dos indicaron no haber recibido ningún tipo de equipo de protección.

Diecisiete participantes indicaron trabajar para un medio de comunicación, y señalaron que recibieron al menos uno de los siguientes productos:

• Alcohol (líquido y/o en gel): 13
• Equipo de protección de micrófonos: 5
• Equipo de protección personal: 4
• Gafas de protección: 3
• Guantes: 3
• Mascarillas: 16
• Productos de desinfección de superficies: 10

Por último, del grupo que indicó ser freelancer (11), seis no recibieron ningún tipo de producto mientras que las restantes 5 reportaron haber recibido al menos uno de los siguientes productos:

• Alcohol (líquido y/o en gel): 4
• Equipo de protección de micrófonos: 1
• Equipo de protección personal: 3
• Gafas de protección: 2
• Guantes: 3
• Mascarillas: 5
• Productos de desinfección de superficies: 2

Es notable el hecho de que una participante destacó que su asociación gremial, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), cubrió algunos de los productos necesarios para protegerse del Covid.  

Perpetradores y víctimas

Quince periodistas indicaron que los ataques estuvieron dirigidos contra ellas. De este grupo es notorio el hecho de que la mayoría trabaja para un medio de comunicación (8), y por lo menos seis de ellas también fueron víctimas de ataques verbales y campañas de descrédito. No obstante, una participante que trabaja como freelancer y usa pesudónimo en redes sociales, especificó que los ataques fueron contra su trabajo porque no está afiliada a un medio y no revela su verdadera identidad.

Respecto a los/las responsables, de las quince periodistas, al menos seis indicaron que los ataques fueron realizados por autoridades públicas, incluyendo representantes de cuerpos policiales y militares. Inclusive, una de las participantes indicó que los perpetradores fueron “Operadores del gobierno y otros que no puedo identificar con certeza”. Adicionalmente, llama la atención que en siete casos identificaron al público en general y otros seis a otros colegas.

• Altos funcionarios del Estado: 2
• Colegas de otros medios de comunicación: 6
• Funcionarios de instituciones públicas: 3
• Público en general: 7
• Representantes de cuerpos militares: 1
• Representantes de cuerpos policiales: 3

Sin embargo, en tres casos los ataques también estuvieron dirigidos contra sus familias, y en siete casos contra los medios para los cuales trabajan. En ambos casos, las periodistas indicaron a representantes del estado (funcionarios públicos, policías y militares) como los principales responsables.

• Altos funcionarios del Estado: 2
• Colegas de otros medios de comunicación: 4
• Funcionarios de instituciones públicas: 1
• Público en general: 4
• Representantes de cuerpos militares: 1
• Representantes de cuerpos policiales: 3

Dos participantes indicaron que los ataques fueron únicamente contra miembros de su familia (hijos, padres y/o pareja), y fueron realizados por el público en general, representantes de cuerpos militares y colegas que trabajan en otros medios de comunicación.

De forma similar, 16 participantes indicaron que los ataques estuvieron dirigidos exclusivamente contra el medio de comunicación para el cual trabajan. En estos casos, reconocieron al público en general como los principales responsables. Es relevante destacar que una participante especificó que los responsables fueron “afines a partidos políticos”.

• Altos funcionarios del Estado: 4
• Colegas de otros medios de comunicación: 1
• Funcionarios de instituciones públicas: 4
• Público en general: 9
• Representantes de cuerpos policiales: 2

Es interesante que dos periodistas no reportaron haber sido víctimas de algún ataque o amenaza, pero sí los medios para los cuales trabajan, y en ambos casos, los ataques fueron por parte del público.

Mecanismos de Protección

En esta sección se consideran las respuestas de las 30 participantes que indicaron haber sido víctima de algún ataque o amenaza. 

Catorce participantes no iniciaron ningún procedimiento (legal o no) para denunciar la situación, pero el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones de las participantes para no iniciar los procedimientos correspondientes. 

Es interesante que de estas 14 participantes, 10 señalaron que los ataques ocurrieron en una plataforma digital (Facebook, Instagram o WhatsApp) pero ninguna bloqueó a el/la responsable. Sin embargo, esta no es la tendencia de la mayoría. De hecho, de las 30 respuestas consideradas en esta sección, 14 periodistas indicaron haber bloqueado al usuario de la red social utilizada para amenazar o atacar. 

Una periodista indicó haber denunciado la situación ante los organismos de derechos humanos, pero no especificó cual por lo que no es posible saber si hizo uso de los mecanismos de protección ofrecidos por Nicaragua o por las organizaciones internacionales.

Finalmente, una participante escribió que “ha tratado de documentar” pero no indicó el fin de tal actividad.

 

Nicaragua

En el tercer ciclo del EPU, Nicaragua indicó que respeta el derecho a la libertad de expresión “dado que no existe censura previa, ni restricción alguna a ese derecho. Los periodistas pueden supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública.” (Comité de Derechos Humanos, 2019, para. 131). No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que hay una práctica continuada de imposición de restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y acoso contra periodistas y medios de comunicación (Comité de Derechos Humanos, 2019 – Recopilación sobre Nica).

Según el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, desde 1993 en Nicaragua tres periodistas han sido asesinados (ninguna mujer). Sin embargo, otras formas de violencia afectan a un mayor número de periodistas e incluyen intimidación, agresión física y verbal, expulsión del país, entre otros (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014). 

Este clima hostil contra periodistas ha sido denunciado constantemente por la RELE en sus reportes recientes, pero en 2020 las agresiones contra periodistas y medios de comunicación incrementaron, al igual que las acciones intimidatorias, la vigilancia, la apertura de casos judiciales contra periodistas y los discursos estigmatizantes. De hecho, el reporte anual de la RELE indicó que “diversas mujeres periodistas han recibido amenazas a través de redes sociales por parte de personas afines al gobierno nicaragüense” (Vaca Villarreal, 2021, para. 1020). 

Sobre este particular, una investigación realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en 2019, que incluyó a 323 mujeres, encontró que 

el 33.8% sufrió violencia digital de dos a tres veces; el 33.3% más de cinco veces; el 19.9% de cuatro a cinco veces; y solo el 13% una sola vez. Estas agresiones fueron recibidas mayormente por WhatsApp (46.6%), Messenger (42.4%) y llamadas telefónicas (24.2%). Las redes sociales preferentemente usadas para los ataques son Facebook (86%), Twitter (33.1%) e Instagram (9.3%). (Cuellar & Chaher, 2020, pág. 26)

 

Este marco generalizado de violencia contra periodistas se intensificó durante la pandemia. El primer caso de Covid-19 fue reportado el 18 de marzo de 2020, sin embargo, la desinformación ha prevalecido. En particular, la RELE indicó que 

La CIDH y sus Relatorías Especiales han registrado que la información brindada por el gobierno de Nicaragua a lo largo de la pandemia ha sido confusa, inespecífica y poco confiable. Ello, dado que no se utiliza terminología médica, no se establece con claridad las cifras de personas contagiadas, recuperadas y fallecidas, y en algunos casos no se menciona la procedencia de las personas contagiadas (Vaca Villarreal, 2021, para. 1053).

Esta situación ha fomentado la circulación de noticias falsas e inclusive ha impedido la actuación eficaz de organizaciones internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Es de destacar que tanto periodistas como profesionales de la salud se han visto afectados por la situación, no solo por la falta de información sino también por la persecución derivada de la publicación de reportes no oficiales (Vaca Villarreal, 2021).

Es importante destacar que en 2007 fue aprobada la ley de Acceso a la Información Pública, aunque desde el año 2014, se han reportado diversos problemas para su cumplimiento, incluyendo: negativas para entregar la información, utilización de la clasificación como reservada o confidencial (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014, pág. 135).

El acceso a la información también puede ser garantizado a través de Internet, pero la situación del país es compleja. Existen aproximadamente 2.78 millones de usuarios de internet pero 3.5 millones de usuarios de redes sociales. Es de destacar que 98.9% de los/las usuarios/as accede a través de dispositivos móviles, y el top 10 de las búsquedas de Google revela que el uso principal es para chequear redes sociales (Facebook, WhatsApp y Youtube, por orden de importancia) no medios de comunicación social (Kemp, Digital 2021: Nicaragua, 2021).

Además de esos problemas, se debe considerar la concentración de medios como un impedimento para el ejercicio del periodismo en el país. Este fenómeno es común en la región, pero en Nicaragua se intensificó en el periodo de 2007-2014, y tiene un impacto directo en la pluralidad de contenidos y voces, así como también en los niveles de censura y autocensura (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014). Inclusive, el Reporte Anual de la SIP reveló que se utilizan cadenas de medios de comunicación para “intimidar y amenazar a los opositores y a los medios de comunicación y periodistas independientes” (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020, pág. 2). 

Finalmente, una particularidad del caso nicaragüense es el exilio de periodistas que han estado involucrados en la investigación de casos de corrupción, crimen organizado, o a representantes del gobierno (Orozco, López, Iyas Morales, & Abarca, 2014, pág. 154). De hecho, en la investigación realizada para la elaboración de este reporte, dos participantes indicaron estar exiliados en Costa Rica (un hombre y una mujer). El cuestionario no estuvo diseñado para conocer las particularidades de estos casos, sin embargo, sus respuestas representan una confirmación de la continuidad de situaciones que obligan a los/las periodistas a abandonar su país.

Es en este contexto de limitaciones y ataques es que se deben entender las respuestas obtenidas en la encuesta completada por los/las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 49 respuestas, de las cuales 12 correspondieron a hombres, y una de una periodista exiliada, en consecuencia, sólo 36 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

 

Sobre las Participantes

De las 36 participantes, 31 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las seis que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas, tres indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, mientras que las restantes tres trabajan como freelancers.

En relación con los temas reportados…

Las edades de las participantes se encuentran entre los 21 y 63 años.

Treinta y un participantes residen en la capital, mientras que 5 viven en otras provincias. 

Veintiocho periodistas indicaron haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, y de este grupo, 14 también recibieron cursos sobre seguridad Digital. Sin embargo, la mayoría de las participantes de esta investigación no ha recibido cursos sobre seguridad digital (44,4%). Esta información es importante porque todas las participantes indicaron que para su trabajo utilizan por lo menos una red social, siendo la más popular Facebook.

 

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

Una particularidad del caso nicaragüense es que ninguna de las participantes trabaja para alguna institución del estado, pero la mayoría se encuentra trabajando (83,8%). Diecinueve trabajan para un medio de comunicación mientras que 11 trabajan como freelancers. Es notable que del grupo de quienes se desempeñan como freelancers, todas las participantes viven en la capital. 

De las seis participantes que indicaron estar desempleadas, cinco residen en la capital, cuatro tienen menos de 30 años y tres reportan temas culturales. A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación que viven las jóvenes periodistas en Nicaragua, e inclusive de los temas en los cuales las oportunidades de trabajo son menores.

De las cinco participantes que indicaron vivir fuera de la capital, 4 trabajan para un medio de comunicación y una desempleada. Esta situación es particular de Nicaragua. Las razones que explican esta situación están fuera del objeto de esta investigación, pero podemos inferir que quienes viven en la capital tienen mejor acceso a Internet, y por eso la mayoría de las participantes residen en Managua.

 

Seguridad Física y Digital

La mayoría de las periodistas nicaragüenses que participaron en esta investigación fueron víctimas de algún ataque o amenaza por el ejercicio de la profesión (86,1%) en el periodo comprendido entre Enero de 2020 y Julio de 2021. 

Es destacable que 10 participantes (27,7%) indicaron no usar pseudónimos ni herramienta alguna de seguridad digital. De este grupo, únicamente tres participantes revelaron no haber recibido ningún ataque digital o físico que les haya impedido ejercer la profesión. De las restantes tres participantes que señalaron no haber recibido ningún ataque o amenaza, dos utilizan VPN y una utiliza pseudónimo en sus redes sociales.

Las periodistas nicaragüenses que participaron en este estudio utilizan por lo menos una herramienta de seguridad digital (52,8%). La herramienta más utilizada son los VPN (13 participantes); no obstante, su uso no es garantía de protección. En este mismo grupo, dos participantes indicaron haber sido víctimas de robos de datos personales (phishing) y tres de vigilancia digital.

• Herramientas anonimizadoras: 2
• VPN: 13
• Mail cifrado: 6
• Manejadores de claves: 4
• Bloqueadores de publicidad:7

El uso de pseudónimos en redes sociales no es una práctica común en Nicaragua. Veintinueve participantes indicaron no utilizarlo (80,6%). El uso de nombres reales tiene innumerables beneficios para la construcción de audiencias, pero también puede poner a las periodistas en una situación de vulnerabilidad mayor. De hecho, de este grupo, 24 participantes recibieron algún tipo de ataque o amenaza, siendo el más común los ataques verbales por parte de autoridades públicas.

• Acoso digital: 8
• Ataques verbales de parte de la audiencia: 6
• Ataques verbales de parte de autoridades públicas: 7
• Amenazas sexuales: 3
• Amenazas de muerte: 2
• Apertura de procedimientos legales por informar: 2
• Campañas de descrédito: 9
• Robo de datos personales (phishing): 4
• Robo de contraseñas: 2

Es importante mencionar que una periodista indicó que recibió intentos de hackeo. Estos ataques por lo general tienen por objetivo robar datos, contraseñas, e inclusive, tomar control de las redes sociales de la persona afectada. De igual forma, se debe hacer especial mención a los dos casos reportados del uso de procedimientos legales. Las dos participantes indicaron trabajar para medios de comunicación y residen fuera de Managua. A pesar de que la investigación no estuvo diseñada para conocer las particularidades del caso, es notorio el uso de mecanismos judiciales para impedir o limitar la libertad de prensa porque esa situación fue denunciada por la RELE en 2020.

En general, es preocupante que las principales situaciones que afectaron a las participantes fueron las campañas de descrédito (10) y los ataques verbales de parte de la audiencia (9) y de las autoridades públicas (7). Este tipo de ataques por lo general tienen como objetivo afectar la credibilidad de la persona y desvirtuar la atención de lo que reportan hacia ellas. Quienes son víctimas de estos ataques tienen una afectación personal y profesional que incide en diversas áreas de su vida. A pesar de que la investigación no tuvo como objetivo conocer las particularidades de los ataques recibidos, estos resultados reflejan la existencia de una práctica que afecta la libertad de prensa y la libertad de expresión en general.

• Acoso digital: 9
• Ataques verbales de parte de la audiencia: 9
• Ataques verbales de parte de autoridades públicas: 7
• Amenazas sexuales: 3
• Amenazas de muerte: 2
• Campañas de descrédito: 10
• Robo de datos personales (phishing): 5
• Robo de contraseñas: 2

Otro escenario que afectó a las participantes fueron los cortes de Internet. Siete participantes indicaron haber sido impactadas por esa situación. Todas las afectadas utilizan Facebook para desempeñar su trabajo, por lo que es posible afirmar que los cortes limitaron sus posibilidades de obtener y diseminar información por el tiempo de duración. Estas dos actividades son fundamentales para el ejercicio del periodismo y los efectos tienen consecuencias individuales y sociales.

Con relación a la seguridad física, durante la pandemia, nueve periodistas reportaron haber experimentado vigilancia física. El derecho a la privacidad en el caso de las periodistas no sólo garantiza el ejercicio individual de este derecho, sino que también protege a sus fuentes. La vigilancia tiene repercusiones profesionales y personales, por eso sólo es permitida cuando es ordenada por un juez y como parte de un procedimiento judicial. 

• Acoso en el lugar de trabajo: 4
• Ataques físicos: 1
• Vigilancia física: 9

Quienes experimentaron algún ataque o amenaza (30 participantes) indicaron que el principal mecanismo utilizado por los/las victimarios/as fue Facebook. Facebook es la principal red social utilizada en Nicaragua, y por las participantes, por lo que no es sorpresa que sea el principal medio recibir ataques. 

• Página web: 3
• Facebook: 24
• Instagram: 2
• Twitter: 5
• WhatsApp: 5
• En persona: 1
• Llamadas: 2

Sin embargo, llama la atención la respuesta de tres participantes. Una de ellas indicó haber sido víctima de acoso en el lugar de trabajo, sin embargo, los medios por el cuales recibió amenazas fueron “sitios web de medios afines al gobierno”. A pesar de que no tenemos detalles de esta situación, es relevante destacar el rol de los colegas. El lugar de trabajo de esa periodista es un medio de comunicación, y la información que la afectó fue colocada en la página web de otro medio de comunicación. A pesar de que no hay claridad sobre la existencia de un código de ética que deba ser observado por los/las periodistas nicaragüenses, es relevante indicar que la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua creó el Comité de Ética y Honor, que podría ser el órgano adecuado para investigar esta situación debido a que según el artículo 22 es

el órgano encargado de dictaminar, ajustado a las normas de derecho común y del Código de Ética y Honor Profesional de los Periodistas, sobre aquellas faltas a la ética o inadecuadas prácticas en el ejercicio de la profesión, estableciendo las sanciones que procedan según la gravedad del caso.

La segunda respuesta a destacar fue dada por una periodista independiente quien indicó haber recibido ataques verbales en la calle. Lo que es indicativo de una situación especial de vulnerabilidad en la que pueden estar las periodistas cuando tienen que cubrir eventos. De igual forma, esta periodista indicó  

El medio de comunicación independiente donde realizo mis pasantías fue allanado este año por la Policía Nacional. Se robaron los equipos y documentos confidenciales, incluyendo mi carnet de periodista.

Esta situación denota la existencia del clima hostil denunciado por la RELE. Este estudio no está diseñado para conocer las particularidades del caso, sin embargo, esta respuesta llama la atención a situaciones que no están dirigidas específicamente contra mujeres periodistas pero que inciden directamente en el trabajo que realizan. De igual forma, es importante destacar que las autoridades deben actuar conforme a la ley y la confiscación de equipos debe ser ordenada por un juez y en el marco de un procedimiento judicial.

Por último, una participante mencionó el uso de YouTube para atacarla. Esta plataforma ha crecido en importancia para la comunicación social, pero la interactividad que ofrece permite que sea usado como un medio para atacar y amenazar a quienes lo usan. De hecho, esta periodista indicó que recibió ataques de parte de su audiencia y que fue víctima de campañas de descrédito. 

Acceso a la Información Pública

La pregunta incluida en el cuestionario daba a las participantes tres opciones y la posibilidad de añadir información que no estuviera contemplada. De las 36 respuestas obtenidas, sólo 3 periodistas indicaron no haber experimentado ningún tipo de situación que afectara su acceso a la información pública. Una de ellas trabaja para un medio de comunicación, otra como freelancer, mientras que la tercera indicó estar desempleada.

No obstante, las respuestas de las restantes 33 otorgan información importante respecto a las situaciones que afectan a las mujeres periodistas en el acceso a la información pública

• Denegación de acceso a representantes de gobierno: 19 participantes
• Exclusión de Conferencias de Prensa:15 participantes
• Rechazo de solicitud de información pública: 28 participantes

El hecho de que la mayoría de las participantes haya experimentado un rechazo de solicitud de acceso a la información pública confirma lo denunciado por la RELE en su reporte de 2020. Es importante destacar que quienes indicaron haber sido víctimas de esta situación, 15 también experimentaron denegaciones de acceso a representantes de gobierno (53,6%).

Estas respuestas indican la existencia de impedimentos para el ejercicio del periodismo que impactan la libertad de prensa y la libertad de expresión. Los mecanismos de acceso a la información pública tienen como objeto principal brindar aquellos datos que la población necesita, de allí que deba estar disponible para ser consultada, analizada y publicada. Estas condiciones se encuentran establecidas en los acuerdos internacionales de protección de derechos humanos ratificados por el país.

Sobre este particular, hubo una respuesta que es importante destacar. La participante escribió que 

“Todo acceso a información pública en Nicaragua está vetado a los medios y comunicadoras independientes, intentar acceder a conferencias de prensa o cubrir noticias en terreno implica una exposición a la integridad física, la libertad y de tus equipos de poyo (celulares, vehículos, cámaras).”

Esta participante indicó que trabajaba como freelancer, y tal y como ella lo indica, los problemas de acceso a la información impiden la realización de su trabajo. De hecho, cuatro participantes más indicaron a haber experimentado denegaciones de acceso a representantes del gobierno y ocho rechazos de solicitudes de información pública. 

Esta situación también afecta a quienes se encuentran desempleadas. Tres participantes indicaron que sus solicitudes de información pública fueron rechazadas, una denegación de acceso a representantes del gobierno y otra exclusión de conferencias de prensa.

 

Situaciones relacionadas con el COVID-19

La información relacionada con la pandemia en Nicaragua ha sido limitada y los impedimentos para acceder a las fuentes oficiales aumentaron desde que inició en marzo de 2020. A fin de afrontar las particularidades del caso, tanto los medios de comunicación como las periodistas han respondido de diversas maneras. 

Quienes se encuentran desempleadas deben correr con los gastos relacionados con la obtención de equipos de protección. Sin embargo, del grupo que está bajo una relación laboral (30 participantes), dos indicaron no haber recibido ningún tipo de equipo de protección.

Diecisiete participantes indicaron trabajar para un medio de comunicación, y señalaron que recibieron al menos uno de los siguientes productos:

• Alcohol (líquido y/o en gel): 13
• Equipo de protección de micrófonos: 5
• Equipo de protección personal: 4
• Gafas de protección: 3
• Guantes: 3
• Mascarillas: 16
• Productos de desinfección de superficies: 10

Por último, del grupo que indicó ser freelancer (11), seis no recibieron ningún tipo de producto mientras que las restantes 5 reportaron haber recibido al menos uno de los siguientes productos:

• Alcohol (líquido y/o en gel): 4
• Equipo de protección de micrófonos: 1
• Equipo de protección personal: 3
• Gafas de protección: 2
• Guantes: 3
• Mascarillas: 5
• Productos de desinfección de superficies: 2

Es notable el hecho de que una participante destacó que su asociación gremial, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), cubrió algunos de los productos necesarios para protegerse del Covid.  

Perpetradores y víctimas

Quince periodistas indicaron que los ataques estuvieron dirigidos contra ellas. De este grupo es notorio el hecho de que la mayoría trabaja para un medio de comunicación (8), y por lo menos seis de ellas también fueron víctimas de ataques verbales y campañas de descrédito. No obstante, una participante que trabaja como freelancer y usa pesudónimo en redes sociales, especificó que los ataques fueron contra su trabajo porque no está afiliada a un medio y no revela su verdadera identidad.

Respecto a los/las responsables, de las quince periodistas, al menos seis indicaron que los ataques fueron realizados por autoridades públicas, incluyendo representantes de cuerpos policiales y militares. Inclusive, una de las participantes indicó que los perpetradores fueron “Operadores del gobierno y otros que no puedo identificar con certeza”. Adicionalmente, llama la atención que en siete casos identificaron al público en general y otros seis a otros colegas.

• Altos funcionarios del Estado: 2
• Colegas de otros medios de comunicación: 6
• Funcionarios de instituciones públicas: 3
• Público en general: 7
• Representantes de cuerpos militares: 1
• Representantes de cuerpos policiales: 3

Sin embargo, en tres casos los ataques también estuvieron dirigidos contra sus familias, y en siete casos contra los medios para los cuales trabajan. En ambos casos, las periodistas indicaron a representantes del estado (funcionarios públicos, policías y militares) como los principales responsables.

• Altos funcionarios del Estado: 2
• Colegas de otros medios de comunicación: 4
• Funcionarios de instituciones públicas: 1
• Público en general: 4
• Representantes de cuerpos militares: 1
• Representantes de cuerpos policiales: 3

Dos participantes indicaron que los ataques fueron únicamente contra miembros de su familia (hijos, padres y/o pareja), y fueron realizados por el público en general, representantes de cuerpos militares y colegas que trabajan en otros medios de comunicación.

De forma similar, 16 participantes indicaron que los ataques estuvieron dirigidos exclusivamente contra el medio de comunicación para el cual trabajan. En estos casos, reconocieron al público en general como los principales responsables. Es relevante destacar que una participante especificó que los responsables fueron “afines a partidos políticos”.

• Altos funcionarios del Estado: 4
• Colegas de otros medios de comunicación: 1
• Funcionarios de instituciones públicas: 4
• Público en general: 9
• Representantes de cuerpos policiales: 2

Es interesante que dos periodistas no reportaron haber sido víctimas de algún ataque o amenaza, pero sí los medios para los cuales trabajan, y en ambos casos, los ataques fueron por parte del público.

Mecanismos de Protección

En esta sección se consideran las respuestas de las 30 participantes que indicaron haber sido víctima de algún ataque o amenaza. 

Catorce participantes no iniciaron ningún procedimiento (legal o no) para denunciar la situación, pero el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones de las participantes para no iniciar los procedimientos correspondientes. 

Es interesante que de estas 14 participantes, 10 señalaron que los ataques ocurrieron en una plataforma digital (Facebook, Instagram o WhatsApp) pero ninguna bloqueó a el/la responsable. Sin embargo, esta no es la tendencia de la mayoría. De hecho, de las 30 respuestas consideradas en esta sección, 14 periodistas indicaron haber bloqueado al usuario de la red social utilizada para amenazar o atacar. 

Una periodista indicó haber denunciado la situación ante los organismos de derechos humanos, pero no especificó cual por lo que no es posible saber si hizo uso de los mecanismos de protección ofrecidos por Nicaragua o por las organizaciones internacionales.

Finalmente, una participante escribió que “ha tratado de documentar” pero no indicó el fin de tal actividad.

 

Conclusiones y Recomendaciones

• A pesar de que las mujeres son aproximadamente el 40% de periodistas a nivel mundial, las estadísticas demuestran que no son las principales víctimas de asesinato. Sin embargo, eso no implica que no enfrenten otros tipos de violencia. Recomendación: mejorar los sistemas de monitoreo de otros tipos de violencia, incluyendo: acoso laboral, acoso judicial, ataques digitales, etc., a fin de conocer el impacto de otras formas menos graves de evitar el ejercicio del periodismo.
• La existencia de un marco normativo que regule el acceso a la información pública no garantiza el acceso. El cumplimiento de las leyes no sólo depende de la presentación de casos por parte de los/las interesadas sino también de la independencia y la agilidad del poder judicial para resolverlos en el tiempo adecuado. Recomendación: fortalecer a las instituciones públicas mediante el entrenamiento de sus trabajadores en temas relacionados con el acceso a la información pública y la implementación de la normativa vigente en cada país.
• El desempleo afecta principalmente a las mujeres jóvenes que viven fuera de las ciudades capitales. Este estudio no permite indagar en las causas de esta situación ni las situaciones de riesgo que generan para estas periodistas. Recomendación: realizar investigaciones interseccionales que permitan determinar el impacto que tiene la edad, el género y el lugar de residencia en las situaciones experimentadas por jóvenes periodistas.
• El acoso en los lugares de trabajo tiene diferentes consecuencias, una de las más preocupantes es el despido ya que no solo coloca a la periodista en una situación de vulnerabilidad económica, sino que también afecta sus posibilidades de obtener otro trabajo. Recomendación: estudiar las consecuencias del acoso laboral a corto y mediano plazo a fin de determinar las situaciones que incrementan la vulnerabilidad y las situaciones de riesgo que enfrentan las víctimas.
• Las situaciones que tienen lugar fuera de las plataformas digitales inciden en los riesgos, amenazas y ataques recibidos por las mujeres periodistas de forma digital. Las interacciones entre estas dos realidades arrojan información relevante sobre las causas y consecuencias de la seguridad de las mujeres periodistas. Recomendación: Profundizar en el conocimiento y entendimiento de estas situaciones, sus causas y consecuencias a fin de proveer una protección adecuada a las víctimas.
• La libertad de expresión depende de la posibilidad de buscar, recibir y difundir información, y a su vez, tiene un componente individual y uno social. Los cortes de Internet para regiones específicas crean zonas incomunicadas. El impacto de esta situación es individual, local, nacional e internacional. Estas situaciones van más allá de la seguridad de periodistas y del propósito de esta investigación, sin embargo, no pueden ser pasadas por alto ya que tienen un impacto directo en el ejercicio de la libertad de prensa en la era digital. Recomendación: Estudiar la creación de zonas incomunicadas y sus efectos para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
• Los ataques contra las mujeres afectan su vida profesional y personal lo que expande la lista de víctimas. A nivel global existe una tendencia de dirigir los ataques contra los medios para los que trabajan, sus colegas y familiares. Las relaciones familiares en Latinoamérica son altamente valoradas, por eso las amenazas contra seres queridos producen autocensura. Debemos considerar que la región es propensa a la censura y a la autocensura, por lo que estas situaciones propician el silenciamiento de las periodistas. Recomendación: mejorar los sistemas de protección de periodistas con el propósito de extender la protección a los lugares de trabajo y a sus familias.
• Las redes sociales son un medio de diseminación de información y una herramienta de trabajo para las periodistas. Los espacios digitales ofrecen interactividad, inmediatez y certeza, de allí que sean los principales medios utilizados para amenazar y atacar a quienes las usan. Existen iniciativas para moderar los contenidos y regular a las empresas prestadoras de esos servicios, sin embargo, no son suficientes. Recomendación: crear e implementar planes de educación virtual para la población en general que busquen crear conciencia sobre el uso adecuado de las redes sociales y promuevan el ejercicio de la libertad de expresión.
• La utilización de pseudónimos en ciertos contextos puede constituir en sí mismo un mecanismo de seguridad digital para las mujeres periodistas. Sin embargo, su utilización está condicionada a las circunstancias en las cuales las periodistas operan. Mientras que en El Salvador su uso no hace una diferencia notable, en Honduras sí. Recomendación: investigar la correlación entre la seguridad digital y el uso de pseudónimos.
• La mayoría de las participantes del estudio que recibió algún tipo de amenaza o ataque indicaron no haber utilizado ningún mecanismo de protección.  Esta realidad es alarmante. Los mecanismos de protección están diseñados para atender las necesidades del grupo y el hecho de que no sean utilizados es un indicativo de la existencia de diferentes problemas. El cuestionario utilizado no fue diseñado para explicar esta situación, sin embargo, las respuestas obtenidas indican que es un área que necesita mayor atención ya que el conocer las causas contribuirá al diseño de planes y políticas públicas que  favorezcan la protección de periodistas. Recomendación: Investigar sobre los impedimentos existentes y las razones que tienen las mujeres periodistas de la región para no utilizar los mecanismos de protección disponibles.
• En el caso de Nicaragua, los/las periodistas enfrentan situaciones de riesgo que los llevan al exilio voluntario. Estos casos son recibidos generalmente por Costa Rica y otros países de la región. Los efectos de esta situación son internacionales y merecen especial atención por parte de los gobiernos, los investigadores y las organizaciones dedicadas a la protección de periodistas. Recomendación: Investigar las causas del exilio de periodistas y los efectos que la re-locación causan tanto en el país del cual salen como del país receptor.
• Las campañas de descrédito y los ataques verbales tienen efectos personales y profesionales inmensurables. La investigación demostró que en la región es una práctica común utilizar este tipo de ataques en contra de las mujeres periodistas, pero las causas y consecuencias se escapan del ámbito de investigación de este estudio. No obstante lo anterior, es necesario recordar las recomendaciones de la RELE en cuanto a la importancia de que las autoridades se abstengan de diseminar discursos discriminatorios en contra de periodistas, y de que se completen los procedimientos necesarios para investigar los hechos, y en caso de que proceda, sancionar a los responsables.

Debido a que los ataques también provienen de las audiencias, es importante que se desarrollen campañas que promuevan el respeto a la integridad personal y la libertad de expresión en plataformas digitales. Recomendación: diseñar e implementar campañas nacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos. También se recomienda profundizar en la causa y los efectos que estos ataques tienen en las periodistas a fin de diseñar planes que puedan mitigarlos y apoyar a las afectadas en la reparación del daño causado.

• La vigilancia (física y digital) impide el ejercicio del periodismo y el derecho a la privacidad. Quienes son víctimas de esta situación tienen limitaciones para ejercer su profesión que las afectan de forma personal, e inclusive a sus fuentes, familiares, amigos y colegas. Los tratados internacionales protegen ambos derechos y las organizaciones internacionales coinciden en afirmar que la vigilancia sólo es permitida cuando es determinada por un juez, por un tiempo específico, con un propósito claro y en el marco de un procedimiento judicial. Recomendación: Para los estados, abstenerse del uso de esta práctica; para las organizaciones internacionales, desarrollar e implementar proyectos que permitan apoyar a las personas víctimas de vigilancia, e inclusive conocer las causas y consecuencias de la vigilancia a fin de mitigar los efectos en el largo plazo. 
• Durante la pandemia organizaciones profesionales han apoyado la labor de sus afiliados de diferentes maneras, sin embargo, desconocemos el impacto que esas medidas han tenido en la protección de las periodistas. De las 205 respuestas consideradas en esta investigación, una participante de Nicaragua destacó la labor de su asociación (PCIN) para brindarle productos de protección. La investigación no estuvo diseñada para conocer estos detalles, sin embargo, esta respuesta nos lleva a pensar en el rol que las asociaciones profesionales tienen durante tiempos de crisis. Recomendación: Apoyar las labores realizadas por asociaciones profesionales en la protección de sus agremiados.

 

FB es una de las redes sociales más utilizadas por la población y desde la cual las periodistas  manifiestan recibir acoso y amenazas… Una recomendación  podría ir orientada a que FB amplíe   la lista de países  donde la plataforma ofrece mayores niveles de protección y  registro para periodistas. Actualmente la red ofrece mayor protección a periodistas de  Chile, Columbia, Argentina, Perú, Ecuador y trabaja para mejorar en México. 

 

Me llamó la atención esto:   https://www.facebook.com/formedia/blog/safety-tips-for-journalists 

Metodología

Los datos utilizados en este proyecto fueron recolectados a través de un cuestionario digital. El cuestionario tuvo por objetivo cumplir dos metas. En primer lugar, obtener información sobre los ataques y amenazas experimentadas por mujeres periodistas; y, en segundo lugar, el cuestionario sirvió como formulario de inscripción para la participación en un taller sobre seguridad digital que fue impartido por la ONG Access Now.

Los métodos utilizados para la distribución del cuestionario fueron: 

• Muestreo intencional: contactamos a representantes de asociaciones de periodistas, periodistas en ejercicio, profesores/as, exalumnos de la Universidad para la Paz que fueran residentes en alguno de los países considerados en el estudio.
• Muestreo de referencia en cadena (snowball sampling): dentro del cuestionario se incluyó una pregunta en el que las personas podían agregar el mail de una o más personas que pudieran estar interesadas en participar en el taller de seguridad digital.
• Muestreo online: el cuestionario se distribuyó a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) de la Universidad para la Paz (@UniversityforPeace, @IdeasforPeace). Se utilizaron publicaciones orgánicas para informar a los seguidores de las cuentas de la universidad, y se diseñó una campaña pagada para alcanzar a periodistas en El Salvador, Honduras y Nicaragua

La distribución del cuestionario se realizó del 09 al 23 de Julio de 2021. En total obtuvimos 217 respuestas, de las cuales 12 corresponden a personas que no residen en ninguno de los países bajo estudio, en consecuencia, para este reporte sólo se consideraron 205 respuestas (52 de El Salvador, 106 de Honduras y 47 de Nicaragua).

Es de destacar que los resultados obtenidos no son generalizables. Sin embargo, otorgan información relevante para comprender y analizar la situación de las mujeres periodistas en la región, y en particular en los países objeto de esta investigación (El Salvador, Honduras y Nicaragua).

El Comité de Ética de la Universidad para la Paz otorgó la aprobación de la investigación y del cuestionario utilizado.

 

Lista de Acrónimos

APES: Asociación de Periodistas de El Salvador

EPU: Examen Periódico Universal

RELE: Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

OEA: Organización de Estados Americanos

PIDC: Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación

SIP: Sociedad Interamericana de Prensa

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

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