A pesar de que las mujeres son aproximadamente el 40% de periodistas a nivel mundial, las estadísticas demuestran que no son las principales víctimas de asesinato. Sin embargo, eso no implica que no enfrenten otros tipos de violencia. Las situaciones que tienen lugar fuera de las plataformas digitales inciden en los riesgos, amenazas y ataques recibidos por las mujeres periodistas de forma digital. Las interacciones entre estas dos realidades arrojan información relevante sobre las causas y consecuencias de la seguridad de las mujeres periodistas. De hecho, la pandemia visibilizó situaciones que no eran tan conocidas y perpetradores que permanecían ocultos. 

Este estudio demostró que, en el periodo comprendido entre Enero de 2020 y Julio de 2021, en El Salvador, Honduras y Nicaragua la violencia verbal, incluyendo insultos, acoso digital y las campañas de descrédito fueron las situaciones que más afectaron a las periodistas. Estos ataques no sólo fueron perpetrados por representantes del estado sino también por las audiencias. Es posible que las periodistas hayan experimentado este tipo de situaciones antes de la pandemia, sin embargo, no hay estudios comparables que nos permitan determinar desde cuando estas situaciones las afectan.

Las redes sociales, en especial Facebook, son un medio de diseminación de información y una herramienta de trabajo para las periodistas. Los espacios digitales ofrecen interactividad, inmediatez y certeza, de allí que sean los principales medios utilizados para amenazar y atacar a quienes las usan. Existen iniciativas para moderar los contenidos y regular a las empresas prestadoras de esos servicios, sin embargo, no son suficientes. Este estudio demostró que aun cuando las periodistas bloquean a quienes que las atacan, los mecanismos ofrecidos no son suficientes para limitar los efectos de dichas situaciones en su vida profesional y personal.

Las campañas de descrédito y los ataques verbales tienen efectos personales y profesionales inmensurables. La investigación demostró que en la región es una práctica común utilizar este tipo de ataques en contra de las mujeres periodistas, pero las causas y consecuencias se escapan del ámbito de investigación de este estudio. No obstante lo anterior, es necesario recordar las recomendaciones de la RELE en cuanto a la importancia de que las autoridades se abstengan de diseminar discursos discriminatorios o de odio en contra de periodistas, y de que se completen los procedimientos necesarios para investigar los hechos, y en caso de que proceda, sancionar a los responsables. Así mismo, debido a que los ataques también provienen de las audiencias, es importante que se desarrollen campañas que promuevan el respeto a la integridad personal, al valor de la profesión del periodismo independiente para fortalecer los sistemas democráticos y la libertad de expresión en plataformas digitales.

Es notable que la “política” es uno de los temas más reportados por las participantes. Los países bajo estudio son considerados restrictivos ya que existen innumerables limitaciones para acceder a los representantes del estado y obtener información pública. Sin embargo, los temas políticos son de especial relevancia, y a pesar de que supone mayores riesgos para las periodistas, el trabajo que realizan es esencial para la democracia y para el cumplimiento del ODS 16 (construcción de sociedades más pacíficas y democráticas).

De igual forma, los resultados obtenidos indican que las periodistas tienen altas probabilidades de recibir amenazas contra ellas y sus familias. Esta tendencia ha sido reportada por otras investigaciones a nivel mundial, y este estudio demuestra que en El Salvador, Honduras y Nicaragua la situación no es diferente. No obstante, es notable, que en los países bajo estudio las amenazas y los ataques también se dirigen en contra de los medios para los cuales laboran. En contextos de alta conflictividad e inestabilidad esas situaciones pueden poner en riesgo a las periodistas y a sus puestos de trabajo. En consecuencia, considerar el impacto de los ataques a los medios de comunicación nos da una mejor perspectiva de cómo proteger a quienes ejercen la profesión.

Adicionalmente, es importante destacar que el desempleo debe ser considerado como un factor de riesgo en los países bajo estudio. La seguridad económica de las periodistas ha sido probada durante la pandemia, y el hecho, de que las periodistas jóvenes que viven fuera de las ciudades capitales, San Salvador Tegucigalpa y Managua, sean las más afectadas por el desempleo debe llamar nuestra atención. Este estudio no permite indagar en las causas de esta situación ni las situaciones de riesgo que se generan para estas periodistas a mediano o largo plazo; sin embargo, destaca como una de las áreas que deben ser monitoreadas desde una perspectiva interseccional a fin de mejorar la situación general de las mujeres periodistas en la región.

La pandemia también puso de manifiesto la importancia del Internet para el ejercicio de la profesión; con todo, quienes participaron en este estudio indicaron haber experimentado cortes de Internet. Si bien es cierto que esta situación no afecta únicamente a las periodistas, impide el ejercicio de la profesión y crean zonas incomunicadas. El impacto de esta situación es individual, local, nacional e internacional. Estas situaciones van más allá de la seguridad de periodistas y del propósito de esta investigación, sin embargo, no pueden ser pasadas por alto ya que tienen un impacto directo en el ejercicio de la libertad de prensa en la era digital y en medio del contexto virtual que impone la pandemia. 

Desde nuestra perspectiva, los estudios sobre seguridad de periodistas deben incluir información relacionada con los sistemas de protección. No es suficiente conocer qué sucede sino también entender qué pasa después de los ataques. Organizaciones internacionales, incluyendo la UNESCO y la OEA, se han enfocado en crear consciencia en torno a la disminución de los índices de impunidad en los casos contra periodistas; no obstante, este estudio demuestra que hay una cifra importante de casos que no llegan a ser denunciados por las víctimas. En efecto, este estudio demostró que la mayoría de las periodistas consultadas en El Salvador, Honduras y Nicaragua, no utilizan los mecanismos judiciales para denunciar las situaciones que las afectan. 

A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que en algunos casos se justifica que no inicien los procedimientos judiciales correspondientes porque los ataques involucran al público en general, pero no en todos los casos. Existen situaciones en las cuales las periodistas conocen con detalle quienes son los ofensores, y pueden iniciar los procedimientos correspondientes, pero no lo hacen. Las razones que justifican esa decisión escapan del ámbito de estudio de esta investigación, sin embargo, crean una alerta que debe ser considerada, especialmente para medir los índices de impunidad en casos de crímenes contra periodistas.

Por último, los resultados obtenidos nos recuerdan que la existencia de un marco normativo que regule el acceso a la información pública no garantiza el acceso. El cumplimiento de las leyes no sólo depende de la presentación de casos por parte de las interesadas sino también de la independencia y la agilidad de las autoridades involucradas para resolverlos en el tiempo adecuado.

Recomendaciones

  1. Mejorar los sistemas de monitoreo de otros tipos de violencia, incluyendo: acoso laboral, acoso judicial, ataques digitales, etc., a fin de conocer el impacto de otras formas de violencia que tienen como fin limitar o impedir el ejercicio del periodismo. De igual forma, se sugiere considerar la coexistencia de ataques online y offline a fin de tener un panorama comprehensivo de la extensión e impacto de dichos ataques.
  2. Fortalecer a las instituciones públicas mediante el entrenamiento de sus trabajadores en temas relacionados con el acceso a la información pública y la implementación de la normativa vigente en cada país. Para esto se sugiere incluir a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas a fin de generar un diálogo entre los diferentes actores que permita conocer los deberes y derechos de cada una de las partes involucradas, sobre todo considerando que hay ataques entre “colegas” que pertenecen a instituciones públicas.
  3. Realizar investigaciones interseccionales que permitan determinar el impacto que tienen diferentes factores en las situaciones experimentadas por las periodistas. Además de los datos tradicionales, es necesario tomar en consideración aspectos económicos, laborales, geoespaciales y educativos que se adapten a las realidades experimentadas por las periodistas y que puedan brindar información detallada sobre las situaciones que enfrentan. Esta información será valiosa para la elaboración de políticas públicas que puedan mejorar la situación general de las mujeres que ejercen la profesión.
  4. Crear e implementar planes de educación virtual para la población en general que busquen crear conciencia sobre el uso adecuado de las redes sociales, promuevan el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto de periodistas.
  5. Incrementar la oferta de cursos de seguridad digital en universidades e instituciones educativas. De igual forma, concientizar a las periodistas sobre la importancia de la especialización en el gremio, no sólo para aumentar la calidad de sus reportajes sino también para disminuir los riesgos relacionados con el ejercicio de la profesión. 
  6. Investigar cuáles son los impedimentos existentes y las razones que tienen las mujeres periodistas para no utilizar los mecanismos de protección judiciales disponibles en sus países. De igual manera, diseñar e implementar las políticas públicas necesarias para promover su uso.
  7. Continuar la investigación relacionada con las consecuencias del acoso laboral a corto, mediano y largo plazo a fin de determinar con precisión el impacto de estas situaciones en la seguridad de las periodistas, y diseñar las políticas públicas que puedan mitigar dichos efectos.
  8. Estudiar las consecuencias de los cortes de Internet en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. En particular, se recomienda analizar el impacto individual de dichos cortes a fin de reconocer patrones de violencia o situaciones de riesgo que no hayan sido estudiados previamente.
  9. Mejorar los sistemas de protección de periodistas con el propósito de extender la protección a los lugares de trabajo y a sus familias. Debemos recordar que la región es propensa a la censura y a la autocensura, por lo que las amenazas dirigidas contra familiares propician el silenciamiento de las periodistas, y afectan el ejercicio de la profesión. 
  10. Investigar las causas del exilio de periodistas y los efectos que la re-locación causan tanto en el país del cual salen como del país receptor. Esta situación únicamente fue reportada por periodistas nicaragüenses que residen en Costa Rica, sin embargo, la investigación no se debe limitar a estos países ya que cuestiones relacionadas con la migración y el refugio son comunes a la región.
  11. La vigilancia (física y digital) sólo es permitida cuando es determinada por un juez, por un tiempo específico, con un propósito claro y en el marco de un procedimiento judicial, en consecuencia, se recomienda a los estados, abstenerse del uso de esta práctica; y a las organizaciones internacionales, desarrollar e implementar proyectos que permitan apoyar a las personas víctimas de vigilancia, e inclusive conocer las causas y consecuencias de la vigilancia a fin de mitigar los efectos en el largo plazo. 
  12. Apoyar las labores realizadas por asociaciones profesionales en la protección de sus agremiados, especialmente en lo relacionado con la entrega de insumos de protección para evitar el contagio de Covid-19, y en el trámite de casos presentados por periodistas en situación de riesgo.

 

Close Bitnami banner
Bitnami