A partir de la Agenda 2030, El Salvador ha adoptado diversas medidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el caso particular, interesa el ODS 5 – Igualdad de Género – y el ODS 16 – Construcción de sociedades más justas. El reporte presentado por el estado en 2017 para informar sobre la situación del país destacó las dificultades que enfrenta para disminuir la violencia contra las mujeres (en especial en lo relacionado con la trata de personas) e incrementar la participación de las salvadoreñas en ámbitos relacionados con la toma de decisiones. 

A pesar de que el ODS 16 requiere la medición del número de periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos y torturados, el reporte de El Salvador no indica las medidas tomadas para monitorear el cumplimiento de esta meta, por lo que no existen datos oficiales que puedan ser considerados en este estudio (Gobierno de la República de El Salvador, 2017).

En 2019 El Salvador tuvo la tercera revisión del Examen Periódico Universal (EPU), y aunque no presentó información detallada sobre la situación de los y las periodistas, el informe presentado por el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las elevadas tasas de violencia doméstica, la explotación sexual y los feminicidios. El Comité también manifestó que periodistas son víctimas de diferentes ataques e intimidación, pero los casos en los que obtienen medidas de protección son limitados (Comité Derechos Humanos, 2018).

A pesar de la falta de estadísticas oficiales, el Observatorio de Periodistas de la UNESCO, indica que desde 1993 en El Salvador 6 periodistas han sido asesinados (una sola mujer), pero esta no es la estadística más alarmante. Para 2014,

“Siete de cada diez periodistas salvadoreños han sufrido la censura alguna vez en su carrera. La mitad de los profesionales de la información ha recibido agresiones de diferentes tipos y tres de cada 10 comunicadores y comunicadoras ha sufrido alguna restricción a la información.” (Cristancho & Carballo, 2014a, pág. 61).

El mismo estudio indicó que el 85% de los y las periodistas salvadoreñas creen que hay riesgos para el ejercicio de la profesión, incluyendo “la imposibilidad de acceder a fuentes, la inseguridad al visitar algunas colonias o municipios o los abusos de agentes de seguridad privada” (Cristancho & Carballo, 2014a, pág. 71). Es de destacar que, en el mismo estudio, las mujeres periodistas tienden a reportar el hostigamiento (físico y digital) como un riesgo.

Similarmente, el reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de 2020 indicó que han incrementado los casos de censura previa impuesta por representantes del gobierno mediante impedimentos para acceder a conferencias de prensa y fuentes oficiales de información. En lo relacionado con el entorno digital, la SIP señaló que el acoso, los ataques y la violencia de género han aumentado, particularmente contra periodistas que reportan información crítica a las políticas gubernamentales (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020).

Es de destacar que la pandemia incrementó algunas de las limitaciones experimentadas por los y las periodistas. El primer caso de Covid-19 en El Salvador fue reportado el 18 de marzo de 2020, y a partir de tal fecha, el gobierno tomó las medidas correspondientes para impedir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el Relator Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que las restricciones al acceso a la información pública incrementaron debido al “cierre casi total de los canales institucionales de respuestas e información pública” (Vaca Villarreal, 2021, para. 581). También indicó que el control de la información pública aumentó, lo que afectó principalmente a medios independientes.

En cuanto al tipo de información que fue denegada, o cuyo acceso fue restringido, el reporte de la RELE indica que no se limitó a cuestiones relacionadas con la pandemia sino que también incluyó información relacionada con solicitudes de refugio, adopción de medidas económicas, detenciones y contrataciones públicas (Vaca Villarreal, 2021).

Investigadores señalan que en El Salvador existe una “cultura del secretismo en las entidades públicas” (Cristancho & Carballo, 2014a, pág. 67). No obstante, El Salvador aprobó la ley de acceso a la información pública en 2010 que desde 2012 está en plena vigencia. Esta ley creó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que, entre otras funciones, tiene la facultad de tramitar solicitudes de información presentadas por periodistas. 

En cuanto al acceso a la información a través de plataformas digitales, la tasa de penetración de Internet en dicho país es de 50,5%, que alcanza a aproximadamente a 3,28 millones de salvadoreños, sin embargo, el número de usuarios de redes sociales es mayor (4,3 millones). La mayoría accede a través de dispositivos móviles, y en cuanto al tipo de información es relevante destacar que el top 10 de las búsquedas realizadas a través de Google incluyen Facebook, YouTube, WhatsApp, mientras que las estadísticas de Alexa incluyen algunos medios de comunicación (El Salvador, La Prensa Gráfica, El Blog y el Diario1) (Kemp, Digital 2021: El Salvador, 2021).

Por último, en cuanto a los perpetradores de la violencia, según la RELE, la mayoría de las amenazas y los casos de censura provienen de representantes del gobierno (Vaca Villarreal, 2021, para. 579).

Es en este contexto de limitaciones y ataques que se deben entender las respuestas obtenidas en el cuestionario completado por los y las participantes en el mes de julio de 2021. En total se recibieron 52 respuestas, de las cuales 4 correspondieron a hombres y una respuesta a una mujer que no estudió periodismo ni trabajaba como periodista. En consecuencia, sólo 47 respuestas fueron consideradas en el análisis general que se presenta a continuación.

 

Sobre las participantes

De las 47 participantes, 37 estudiaron periodismo, pero es relevante destacar que las 10 que no estudiaron periodismo trabajan como periodistas. De hecho, 26 personas indicaron estar bajo una relación de contrato con algún medio de comunicación, cuatro por una institución del estado, nueve trabajan como periodistas independientes (freelancers), mientras que ocho participantes indicaron estar desempleadas (ver gráfico 2). 

En relación con los temas reportados, los tres temas más comunes incluyen política, ambiente y cultura. Sin embargo, es notable que la mayoría (34) cubre dos o más temas. De quienes se dedican a un solo tema, la mayoría tiene entre 36 y 50 años.

Las edades de las participantes se encuentran entre los 20 y 53 años, pero la mayoría tiene entre 20 y 30 años.

 

En cuanto a la zona de residencia, 29 participantes residen en San Salvador, la capital, mientras que 18 viven en otras provincias. 

 

Ilustración 1 Geolocalización participantes El Salvador

Diecisiete periodistas indicaron no haber recibido cursos para aprender a manejar computadoras o Internet, sin embargo, nueve reportaron haber recibido cursos sobre seguridad digital. Esta información es importante porque todas las participantes indicaron que para su trabajo utilizan por lo menos una red social, siendo las más populares WhatsApp y Facebook.

 

Situaciones de riesgo

Situación Laboral

De las ocho participantes que indicaron estar desempleadas, la mayoría tiene menos de 30 años (ver gráfico 7). A pesar de que el cuestionario no estuvo diseñado para indagar en las razones del desempleo, las edades de las participantes son un indicativo de la situación particular que viven las jóvenes periodistas en El Salvador. El desempleo las coloca en una situación de desventaja que puede crear dependencia económica y otros problemas asociados con la igualdad de oportunidades.

 

En cuanto a la zona de residencia, el hecho de que el 61% de las participantes se encuentre en la capital constituye un indicativo de dónde se encuentran las oportunidades laborales, e inclusive, justifica porque la mayoría de los ataques contra periodistas ocurren en San Salvador. 

De las 18 participantes que indicaron residir en otras provincias, siete trabajan para un medio de comunicación, una para una institución del estado, tres como trabajadoras independientes (freelancers) y una indicó estar desempleada. Lo que, refleja que las principales fuentes de empleo para las periodistas salvadoreñas son los medios de comunicación.

 

Seguridad Digital y Física

En cuanto a la seguridad digital hay varios puntos a destacar. Primero, como lo refleja el gráfico 8,  27 participantes indicaron no utilizar ninguna herramienta de seguridad digital (57,4%). Sin embargo, las restantes 30 indicaron usar 1 o más de las herramientas reflejadas en el gráfico 9.

Segundo, solo nueve participantes indicaron usar un pseudónimo en redes sociales. El uso de nombres reales tiene innumerables beneficios y riesgos para las periodistas. Por una parte, revelar la identidad en redes sociales, ayuda en la creación de confianza entre la periodista y sus seguidores ya que los últimos pueden conocer quién es la autora del contenido que están consumiendo. Por otra parte, el uso de pseudónimos protege la identidad de la periodista, y aunque no impide la interacción con la audiencia, ofrece la posibilidad de permanecer en el anonimato.  Sin embargo, las respuestas de estas participantes no reflejan una diferencia en los ataques ni en las amenazas recibidas por quienes usan pseudónimos y quienes no los usan. 

El estudio no estuvo diseñado para conocer los motivos que justifican las decisiones de las periodistas, no obstante, si podemos considerar la correlación entre las amenazas recibidas y el anonimato. En efecto, del grupo que usan pseudónimos, solo dos participantes indicaron no haber sido víctimas de ninguna limitación; las siete restantes reportaron haber sido víctimas de alguno de los hechos incluidos en el gráfico 10. En contraste, de las 37 participantes que indicaron no utilizar pseudónimos, 12 no reportaron ninguna situación de riesgo digital, mientras que las restantes 25 participantes sí.

Es relevante destacar que de las ocho participantes que reportaron vigilancia digital, una también reportó vigilancia física. De forma similar, una de las participantes que indicó ser víctima de acoso digital experimentó vigilancia física. A pesar de que esta estas respuestas no nos permiten hablar de la existencia de un problema generalizado, demuestra la fluidez de los ataques entre el mundo virtual y el mundo real. Los ataques a periodistas no se limitan a un único espacio, y en algunos casos, existe una íntima relación entre las experiencias en línea (online) con las situaciones fuera de la virtualidad (offline) que no se deben pasar por alto.

Con relación a los cortes de Internet, las cinco participantes que los reportaron se encuentran en su mayoría fuera de la ciudad capital, San Salvador (3 participantes). Las restricciones para acceder a Internet tienen innumerables efectos individuales y sociales. Los cortes de Internet colocan en una situación de vulnerabilidad a quienes los experimentan, y en particular a quienes se encuentran en zonas rurales o alejadas de los centros de poder. A pesar de que los cortes de Internet no representan una amenaza directa contra las periodistas, sus efectos sí. Las restricciones para acceder a Internet inciden en la obtención y diseminación de información, dos actividades claves para el ejercicio del periodismo. De hecho, las participantes del estudio que experimentaron los cortes indicaron utilizar WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y páginas web para desempeñar su trabajo.

Ilustración 2 Geolocalización participantes que experimentaron cortes de Internet

Otro punto para destacar se relaciona con las plataformas utilizadas para amenazar y atacar a las periodistas. No es sorpresa que la mayoría de los ataques se realicen a través de Facebook – la principal red social utilizada en el país. Existe una correlación entre las plataformas más utilizadas por las periodistas y los atacantes. De hecho, de las 34 participantes que indicaron usar Facebook para su trabajo, 20 recibieron ataques y amenazas por esa plataforma. 

 

Por último, a pesar de que la investigación no estuvo diseñada para conocer las causas ni consecuencias del acoso en el lugar de trabajo, de las dos participantes que manifestaron haber experimentado esta situación, es notable que una de las participantes indicó que el acoso concluyó en la terminación de la relación laboral. En su respuesta reveló que el despido fue por encontrarse afiliada a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Es por ello que se debe recordar que una de las razones de ser de las asociaciones profesionales es brindar protección a sus afiliados, por lo que esta situación denota la existencia de situaciones de riesgo derivadas del ejercicio del derecho a la asociación protegido por tratados internacionales, y que generan limitaciones al ejercicio del derecho al trabajo y a la libertad de expresión.

Acceso a la Información Pública

De acuerdo con los reportes de la RELE, existen en El Salvador numerosas dificultades para acceder a la información pública y la información reportada por las participantes lo confirman. 

Siete participantes indicaron no haber experimentado limitaciones en el acceso a la información pública. Sin embargo, las restantes 40 reportaron diversas situaciones que impidieron el contacto con fuentes oficiales y acceso a la información.

Es de destacar que una de las participantes indicó que accedió a información de la Unidad de Salud, pero que no pudo publicarla. A pesar de que la participante no indicó las razones para esta limitación, esta situación es un indicativo de una forma de censura sistémica existente en El Salvador. 

La información pública debe estar disponible no sólo para ser consultada, sino también para ser publicada. Las periodistas la utilizan para reportar sobre las situaciones que afectan a su comunidad, y en el caso de información relacionada con la salud en tiempos de pandemia, su importancia es aún mayor. 

Finalmente, es notable el hecho de que las periodistas contratadas por un medio de comunicación enfrentan mayores dificultades para acceder a información pública. También, llama la atención que el trabajar para una institución del estado no garantiza el acceso a representantes del gobierno ni a conferencias de prensa.

 

Situaciones relacionadas con el COVID-19

El ejercicio del periodismo se ha visto afectado por la pandemia. Las respuestas de los medios de comunicación y de las periodistas han sido variadas debido a que los riesgos específicos cambian de acuerdo con el tipo de periodista y su condición laboral.

Las 26 periodistas que trabajan para un medio de comunicación social indicaron que recibieron de parte de sus empleadores diferentes insumos para evitar el contagio, siendo las mascarillas el más común. 

De las cuatro participantes que indicaron trabajar para una institución del estado, todas reportaron haber recibido alcohol (líquido y/o en gel), tres recibieron mascarillas, dos recibieron guantes y máscaras de protección, y una solo indicó haber recibido productos de desinfección de superficies. Ninguna recibió equipos de protección personal ni para la protección de micrófonos.

De las nueve que indicaron ser freelancers, seis indicaron haber recibido insumos. En particular respondieron que recibieron mascarillas (4), alcohol (4), equipo de protección personal (2), productos de desinfección de superficies (2), guantes (1), gafas de protección (1), equipo de protección de micrófonos (1).

 

Perpetradores y víctimas

Treinta y tres participantes indicaron haber sido víctimas de algún ataque u amenaza, sin embargo, no fueron las únicas afectadas. Dieciséis indicaron que también afectó a los medios para los que trabajan y dos participantes indicaron que afectó a sus familiares (hijos, padres y/o pareja). Esta situación refleja la tendencia mundial sobre los efectos de las amenazas y ataques contra mujeres periodistas. Investigaciones demuestras que son más propensas a recibir ataques que afectan otras áreas de su vida personal y profesional, y estas respuestas, confirman que la situación no es diferente en El Salvador.

Es de destacar que dos participantes indicaron que no experimentaron ningún ataque o amenaza, no obstante, en la pregunta relacionada con los responsables de los ataques recibidos indicaron representantes de cuerpos policiales y público en general. No es posible conocer a cuál situación se referían, sin embargo, sus respuestas se suman a la situación reportada por otras periodistas.

De las 33 participantes, 24 indicaron que el público fue el principal perpetrador de los ataques recibidos. El hecho de que la audiencia sea el principal perpetrador pone de manifiesto un problema social que escapa del ámbito de esta investigación. 

Llama la atención que una participante indicó que fueron “trollers” y otra que fueron “Cuentas falsas/anonimizadas”. Estas respuestas denotan el uso de herramientas digitales sofisticadas para programar ataques en contra de las periodistas. El uso de inteligencia artificial (bots, trolls, etc.) o de ataques programados en contra de periodistas que usan las redes sociales y páginas web para diseminar información denota un cambio en los medios utilizados por los atacantes, para los cuales la mayoría de las periodistas no están preparadas.  

Por último, es notable que, en un caso de violencia física, la participante escribió que no sabía quién había sido el responsable. A pesar de que esta respuesta no indica la existencia de una situación de violencia física generalizada, si pone de manifiesto el hecho de que la anonimidad para perpetrar ataques contra periodistas también se usa fuera de las redes sociales.

Mecanismos de Protección

Organizaciones como la UNESCO y el Comité para la Protección de Periodistas enfatizan la importancia sobre la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas, sin embargo, en este estudio el interés estuvo en conocer cuáles son los mecanismos utilizados por las periodistas para denunciar las situaciones que las afectan. De allí que las respuestas consideradas en esta sección equivalen a las 33 participantes que indicaron haber recibido algún tipo de ataque o amenaza.

Es relevante destacar que ninguna de las afectadas presentó una denuncia ante la policía ni ante los tribunales (penales, civiles o administrativos). 

Estos mecanismos son los que provee el estado salvadoreño para atender las situaciones especiales que puedan enfrentar, y el hecho de que no los utilicen debe llamar nuestra atención. Este estudio no se diseñó para conocer las razones de esta situación, sin embargo, es un indicativo de una de las áreas que debe ser fortalecida para mejorar la protección de las periodistas en El Salvador.

De igual forma, es importante destacar el uso de la APES para presentar denuncias. Las dos participantes que indicaron haber utilizado este mecanismo trabajan para un medio de comunicación, viven en San Salvador, fueron víctimas de ataques verbales de parte de sus audiencias y de autoridades públicas, así como también de campañas de descrédito. Estos ataques no sólo las tuvieron a ellas como objetivo sino también a los medios para los que trabajan, y se manifestaron a través de Facebook y Twitter. Sin embargo, el mecanismo de denuncias de la APES no es un mecanismo relacionado con el poder judicial salvadoreño, y a la fecha de elaboración de este informe (septiembre 2021),  en la página web de la asociación no se encontró información relacionada con el procedimiento de protección ofrecido por la asociación.

Conclusiones

La mayoría de las participantes de este estudio tienen entre 20 y 30 años, residen en San Salvador y utilizan plataformas digitiales para su trabajo. Esta situación denota y explica la transformación del panorama mediático salvadoreño. Los medios tradicionales siguen teniendo relevancia, pero también han incursionado en plataformas digitales para conectar con sus audiencias. La mayoría de las periodistas que participaron en este estudio forman parte de la generación millennial lo que explica esa transformación.

Sin embargo, el ejercicio de la profesión está llena de desafíos. Las periodistas no cuentan con el entrenamiento necesario en materia de seguridad digital lo que las hace vulnerables ante diversos ataques. No obstante, el mayor riesgo que enfrentan no es digital. La mayoría de las periodistas salvadoreñas son afectadas por el desempleo, ataques verbales y acoso digital.

En cuanto al desempleo, llama la atención que una periodista reportó haber sido despedida por encontrarse afiliada a APES. Desconocemos cuántas periodistas pueden estar afectadas por esta situación, por lo que es importante recordar que el derecho a la asociación debe ser protegido por el estado. Adicionalmente, es de resaltar que la mayoría de los ataques verbales son realizados por las audiencias, lo que apunta a la existencia de un problema estructural existente en El Salvador que va más allá de los límites de esta investigación, pero que sin duda alguna nos recuerda la importancia de la implementación de programas sociales tendientes a favorecer la alfabetización mediática y el respeto de la libertad de expresión.

Con relación al Covid, es notable que la mayoría de las periodistas recibieron mascarillas, sin embargo, no fue el caso de todas. Se ha demostrado la eficacia del uso de mascarillas para evitar el contagio, y aunque no podemos determinar porqué no todas las periodistas las recibiron, en base a esa respuesta podemos entender porque ciertas periodistas salvadoreñas tienen mayor temor de contraer la enfermedad, e inclusive afirmar que la responsabilidad de evitar el contagio no fue compartida por las instituciones para las cuales trabajan.

De igual forma, las participantes reportaron innumerables restricciones al acceso a la información pública, lo que no sólo demuestra limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, sino que también denota las dificultades que enfrenta El Salvador para cumplir con el ODS 16.

Por último, la mayoría de las periodistas afectadas no utiliza los mecanismos de protección existentes en El Salvador. Esta situación nos impide conocer la extensión de las situacione que afectan a las periodistas, medir la actuación del estado para evitar la impunidad en crímenes contra periodistas, e inclusive, afecta las posibilidades de diseñar e implementar políticas públicas adecuadas.

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